Venezuela: la sociedad civil exige que la respuesta al terremoto respete los derechos humanos

40 organizaciones alertan sobre el riesgo de que la militarización de La Guaira reproduzca violaciones documentadas en el pasado.

El evento sísmico ocurrido en Venezuela ha derivado en una tragedia que está yendo más allá de la devastación causada por el movimiento telúrico. La emergencia golpea a una población que ya venía enfrentando una crisis humanitaria preexistente de gran magnitud.

Ante esta situación, y a las pocas horas de producirse los sismos, unas 40 organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, colectivos LGBTIQ+, redes ambientales y plataformas de sociedad civil han emitido un comunicado conjunto de enorme relevancia. En él no solo expresan su solidaridad con las víctimas, sino que alertan con rigor y memoria histórica sobre los riesgos que entraña la respuesta militarizada decretada por el gobierno venezolano en La Guaira, y exigen que la emergencia no sea utilizada como pretexto para suspender derechos fundamentales.

A continuación reproducimos el comunicado para amplificar la voz de las organizaciones que, desde dentro, defienden los derechos de su pueblo en los momentos más difíciles. Exigimos, junto a las organizaciones firmantes, que la respuesta al terremoto en Venezuela sea plenamente humanitaria, transparente y respetuosa con los derechos de todas las personas afectadas.

Comunicado: 40 ONG: Emergencia humanitaria en La Guaira: ante la militarización, la respuesta debe respetar los derechos humanos.

(Caracas 27 de junio de 2026)

Las organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos que suscribimos la presente comunicación expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión de militarizar el estado La Guaira en el contexto de la respuesta al devastador terremoto que ha afectado diferentes partes del país.

En estos momentos, la prioridad absoluta debe ser salvar vidas. Cada minuto cuenta para localizar personas desaparecidas, rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar el acceso inmediato a agua, alimentos, atención médica y refugio para la población afectada.

Sin embargo, precisamente porque Venezuela conoce las consecuencias de grandes desastres socionaturales, también conoce los riesgos que pueden surgir cuando la respuesta de emergencia carece de controles civiles, transparencia y enfoque de derechos humanos.

La historia reciente del país obliga a mantener una vigilancia especial: la experiencia del deslave de 1999 no puede repetirse

Tras el deslave que devastó el estado Vargas en diciembre de 1999, numerosas organizaciones nacionales e internacionales documentaron graves denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la respuesta de emergencia.

Entre ellas se registraron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, restricciones indebidas a la circulación de personas, obstáculos para el acceso a información sobre familiares desaparecidos y dificultades para el trabajo independiente de organizaciones humanitarias y medios de comunicación.

Aquellos hechos ocurrieron en un contexto en el que el país contaba con una institucionalidad más sólida, mayor presencia de organismos públicos especializados y un número significativamente superior de profesionales de la salud, rescatistas y organizaciones con capacidad de respuesta.

Esa experiencia demuestra que la emergencia nunca puede convertirse en una justificación para debilitar las garantías fundamentales ni para sustituir la conducción civil de la acción humanitaria.

Después del rescate comienza otra emergencia

La etapa de búsqueda y rescate será seguida por otra igualmente importante: la protección de las miles de personas que han perdido sus viviendas.

También en este ámbito Venezuela acumula experiencias que no deben repetirse. Después de diversas emergencias asociadas a lluvias e inundaciones, particularmente durante los eventos vinculados al fenómeno de La Niña, miles de familias fueron trasladadas a refugios temporales que permanecieron abiertos durante años.

En numerosos casos, esos espacios no reunían las condiciones previstas por los estándares internacionales para alojamientos de emergencia: existían problemas de hacinamiento, falta de privacidad, limitaciones para el acceso a educación y salud, restricciones a la vida familiar, ausencia de mecanismos efectivos de participación y permanencias prolongadas sin soluciones habitacionales duraderas.

La respuesta humanitaria no puede reducirse a administrar indefinidamente la precariedad. Los refugios deben ser una medida excepcional, temporal y orientada desde el primer día hacia soluciones permanentes de vivienda.

Los derechos humanos no se suspenden durante los desastres

Los Estados tienen la obligación de proteger a la población afectada por desastres naturales respetando, al mismo tiempo, los derechos humanos y los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

La asistencia debe prestarse sin discriminación, con especial atención a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, pueblos indígenas y cualquier otro grupo en situación de mayor vulnerabilidad, como la población LGBTIQ+, quienes son víctimas de situaciones de violencia en estos contextos de gravedad.

Asimismo, debe garantizarse el acceso de organizaciones humanitarias, personal médico, equipos de rescate especializados y organismos internacionales que puedan contribuir a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la población.

Exigimos a las autoridades

• Que las operaciones de seguridad y rescate se desarrollen bajo estricto respeto a los derechos humanos y al derecho internacional aplicable a situaciones de desastre.
• Que toda actuación de los cuerpos militares y de seguridad sea excepcional, proporcional, transparente y sometida a mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
• Que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate, organizaciones humanitarias y organismos internacionales de asistencia.
• Que se proteja el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que documentan la situación y apoyan a las comunidades afectadas.
• Que toda persona detenida durante la emergencia sea puesta inmediatamente a disposición de las autoridades competentes, prohibiendo cualquier forma de desaparición forzada o detención arbitraria.
• Que los refugios temporales cumplan con estándares internacionales de dignidad, seguridad, privacidad, acceso a servicios básicos y participación de las personas afectadas.
• Que desde el inicio de la emergencia exista un plan público para garantizar soluciones habitacionales permanentes y evitar que los refugios se conviertan en asentamientos indefinidos.
• Que la distribución de ayuda humanitaria se realice con criterios exclusivamente humanitarios, sin discriminación ni condicionamientos políticos.

Recomendaciones a la ciudadanía

• Priorizar las indicaciones de los equipos de rescate y protección civil para evitar poner en riesgo nuevas vidas.
• Mantener registro de familiares desaparecidos, personas evacuadas y necesidades urgentes de las comunidades.
• Documentar cualquier posible violación de derechos humanos mediante fotografías, videos o testimonios cuando ello pueda hacerse sin poner en riesgo la seguridad personal.
• Reportar posibles abusos a organizaciones de derechos humanos y organismos humanitarios.
• Promover redes comunitarias de solidaridad, especialmente con personas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad y familias que hayan perdido su vivienda.
• Rechazar la difusión de rumores o información no verificada que pueda aumentar el miedo o dificultar las labores de rescate.

Hoy la prioridad es salvar vidas. En los próximos días será proteger la dignidad de quienes lo han perdido todo. La experiencia venezolana demuestra que ambas tareas son inseparables. La respuesta al terremoto será verdaderamente humanitaria si logra garantizar no solo la supervivencia de las personas afectadas, sino también el pleno respeto de sus derechos

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Desde nuestra Fundación aplaudimos a las 40 organizaciones que han tenido la valentía y la lucidez de emitir este comunicado en medio de la emergencia. Documentar, denunciar y exigir en los peores momentos es también una forma de salvar vidas. Seguiremos acompañando y amplificando la voz de la sociedad civil venezolana. La solidaridad internacional no termina con el envío de ayuda: continúa en el ejercicio cotidiano de hacer visible lo que algunos quieren que permanezca oculto.  Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con las organizaciones que, desde dentro, defienden sus derechos.