El terremoto ha sido una catástrofe que exige respuesta humanitaria, transparencia institucional y solidaridad organizada desde el sector de la cooperación.
¿Que pasó? Una doble sacudida que el país no estaba en condiciones de absorber
El 24 de junio de 2026, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, convirtiéndose en los sismos más graves registrados en el país en más de un siglo. El epicentro se situó en el estado de Yaracuy, cerca de San Felipe, y los efectos se sintieron en toda la región, incluida Caracas, donde decenas de edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales graves.
Las cifras oficiales hablan hasta ahora de más de 235 personas fallecidas, más de 4.300 heridas y 157 desaparecidas. Cientos de familias permanecen sin hogar y las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas, especialmente en el estado costero de La Guaira, declarado zona de desastre.
Pero para comprender la verdadera magnitud del impacto, es imprescindible el contexto. Antes del sismo, la ONU estimaba que 7,9 millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria en 2026. La emergencia llega sobre una infraestructura de salud, vivienda y servicios públicos gravemente deteriorada tras años de crisis sostenida. Un terremoto de esta magnitud lamentablemente ha agravado esta crisis material y social.
Información bloqueada, el obstáculo invisible
A la destrucción material se suma una dimensión que organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas independientes venezolanos vienen denunciando desde hace tiempo, y que la emergencia ha puesto bajo una luz aún más cruda: el bloqueo sistemático al acceso a la información.
Según la ONG VE Sin Filtro, más de 200 dominios de internet permanecen bloqueados en el país, una política que organizaciones venezolanas como Espacio Público y la ONG de derechos humanos PROVEA han calificado de sistemática y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. El bloqueo afecta a medios de comunicación independientes, redes sociales y herramientas de acceso libre a la información.
«Los bloqueos de sitios web en Venezuela no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Se ordenan de oficio, a discreción de CONATEL [Comisión Nacional de Telecomunicaciones], con total opacidad y sin una base jurídica clara.» VE Sin Filtro
Ante la emergencia, la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela ha exigido, como medida prioritaria e inmediata, que CONATEL —la Comisión Nacional de Telecomunicaciones— restablezca plenamente el acceso a redes sociales y medios de comunicación. Por su parte, Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades venezolanas a garantizar una divulgación pronta, creíble y periódica de información sobre el alcance de los daños, el número de víctimas, las labores de asistencia y los planes de contingencia.
La razón es sencilla, en situaciones de emergencia, saber dónde están los recursos, cómo se distribuyen y quién los gestiona no debe ser un privilegio, debe ser un derecho. La opacidad, en un contexto como este, no es un tecnicismo administrativo. Es un factor que agrava el sufrimiento y dificulta la llegada de ayuda a quienes más la necesitan.
Lo que exigen las organizaciones de derechos humanos:
– Desbloqueo inmediato de medios de comunicación y redes sociales (CONATEL).
– Divulgación transparente y verificable de cifras de víctimas y planes de rescate.
– Garantía del derecho a la información como componente esencial de la respuesta humanitaria.
– Acceso de organismos internacionales y ONG a las zonas afectadas.
Ante la emergencia, la cooperación internacional hoy es más necesaria que nunca
Esta emergencia nos confirma lo que distintas ONGD venimos sosteniendo desde hace tiempo, invertir recursos en cooperación no es un gasto prescindible ni una respuesta de urgencia que se activa y desactiva según la coyuntura. Es una arquitectura de largo plazo, construida sobre relaciones de confianza entre organizaciones, comunidades y pueblos, que solo tiene sentido cuando se sostiene en el tiempo. Las redes de cooperación, las organizaciones sociales y la ciudadanía organizada son un trampolín de apoyo para las comunidades, sobre todo las más vulnerables. Creemos que cooperar es acompañar procesos de reconstrucción con enfoque de derechos, con transparencia institucional y con la sociedad civil en el centro. Es defender que las comunidades afectadas no sean solo receptoras de ayuda, sino sujetos activos de su propia recuperación.
Por eso llamamos a todas las organizaciones, colectivos y personas comprometidas con la justicia global a ejercer Solidaridad En Acción , alzar la voz y exigir transparencia a la vez que articular respuestas solidarias para colaborar con las familias que están dentro de las zonas afectadas. El pueblo venezolano no está solo y la solidaridad, hoy más que nunca, es el único camino que no se derrumba.
💛💙❤️ Toda nuestra solidaridad con las personas afectadas y todo nuestro agradecimiento a quienes ya han activado la respuesta internacional.
