ZONA CON PROBLEMAS.
Los conflictos relacionados con la minería siguen siendo un problema pendiente de solución. Las Bambas (Cotabambas) y Antapaccay (Espinar) son dos ejemplos de disputa entre transnacionales y comunidades. Paralelamente, también aumentó la minería informal y artesanal, complejizando aún más los conflictos sociales en la región.
Vivimos un período de crisis política. Hemos visto renuncias y vacancias en el Poder Ejecutivo, disolución del Congreso y el inicio de la pandemia Covid-19. Recientemente se presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, acusándolo de liderar una organización criminal. Es la primera vez que esta figura se utiliza contra un presidente en funciones. Dicha crisis política, sumada a las consecuencias de la pandemia, invisibilizan los conflictos sociales en el país, sobre todo en las regiones del sur.
Según el reporte de septiembre de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional hay 211 conflictos sociales. De este total, 152 son activos y 59 latentes. En la región sur hay conflictos en Cusco, Puno y Apurímac. La mayoría tienen que ver con la minería.
Migración y retorno
¿Cuál es el contexto de la zona sur del país? La migración siempre existió y no es algo novedoso en la región. Una primera gran ola migratoria ocurrió alrededor de los años cincuenta. Personas de la Sierra decidieron ir a la Costa, sobre todo a Lima, con el objetivo de progresar y mejorar sus condiciones de vida. En los años setenta y ochenta se produjo una segunda ola como consecuencia del conflicto armado. Fue una migración forzada. En este nuevo siglo se dio un proceso migratorio de retorno: ciudadanos regresaron a sus lugares de origen. La pandemia ha sido clave en el aumento de este retorno y asentamiento en el interior del país.
Existen dos tipos de migración a causa de la pandemia: migración retornante y migración inversionista. Dentro del primer tipo tenemos por un lado una migración que se asienta en su ciudad de origen, y, por otro lado, retornantes móviles que se quedan temporalmente. El retornante observa que puede obtener un beneficio mayor en la minería y decide asentarse por las facilidades que tiene este sector en la zona. Además, esta migración ha impulsado pequeños emprendimientos como restaurantes o tiendas de alimentación en las principales vías de la región. Otro cambio, a consecuencia de este retorno, está relacionado con el aumento de población en las pequeñas ciudades y, ligado a este, el incremento del
alcoholismo y la prostitución.
El segundo tipo de migración se considera inversionista, porque viene de regiones como Puno o Puerto Maldonado. Estos migrantes se dedican a invertir en la minería en distritos como Grau o Cotabambas (Apurímac).
La minería
Los conflictos con la minería siguen siendo un problema por el aumento de las actividades de empresas transnacionales. Las transnacionales y la comunidad son actores en disputa por el territorio, como en los casos de Las Bambas (Cotabambas) y Antapaccay (Espinar). Pero también aumentó la minería informal y artesanal, complejizando aún más los conflictos sociales en la región.
Tanto en Apurímac como en Cusco se percibe un incremento de estos dos tipos de actividad minera. En los dos últimos años se evidenció el aumento de estas mineras y la ausencia de autoridades que frenen sus actividades en zonas de Grau, Cotabambas y Antabamba. Por ejemplo, hace quince años, los comuneros en Andahuaylas llegaron a un acuerdo para desarrollar y mecanizar la minería artesanal. Actualmente, se han convertido en empresarios.
En esta misma zona se está instalando una procesadora para facilitar el traslado de materia prima. Esto es preocupante por las consecuencias medioambientales y los efectos negativos en la salud humana. En minería artesanal hay dos perfiles de inversores. El primero es ejercido por migrantes de Puno y el segundo por inversores de la Costa y Corea.
En Chumbivilcas (Cusco) el problema estaba relacionado con las empresas mineras. Actualmente, se suman otros actores que producen un mayor impacto en la comunidad. A futuro no se tiene la expectativa de hablar de comunidad, porque hay un aumento de grupos empresariales y asociaciones. Además, los comuneros forjan alianzas con inversores provenientes de Puno, Arequipa y Espinar, con quienes se reparten el cincuenta por ciento de la inversión. Parte de los minerales extraídos se vende a empresas formales que compran el material y lo distribuyen a su procesadora.
Un aspecto que preocupa está relacionado con la participación del narcotráfico. Este grupo utiliza la actividad económica de la minería para blanquear dinero y aprovecha las rutas por Abancay y Chumbivilcas debido a la poca presencia de controles de la fuerza pública. Asimismo, hace poco tiempo se formó la federación de mineros en Abancay con la intención de concretar una ley de minería y que se reviertan las concesiones mineras de las empresas a favor de esta asociación, para que la explotación provenga de estos actores.
A causa de la minería, la agricultura pierde espacio, sobre todo en Antabamba y Grau. A pesar de los intentos de recuperar ciertos productos como la quinua, la minería es un obstáculo porque mueve más dinero. No obstante, existe una excepción: en Andahuaylas la agricultura tiene un peso importante debido a la calidad de terreno que posee.
Elecciones 2022
Pasó un mes desde las elecciones del 2 de octubre. En el período pre electoral, el panorama fue preocupante, debido a que los mineros estaban buscando representación nacional y congresal. Los candidatos y candidatas no debatieron sobre minería a pesar de ser conscientes del impacto que esta tiene. Fue evidente que preferían no tomar postura para evitar confrontación y favorecer su actividad; a excepción de Chumbivilcas donde todos los candidatos se pronunciaron a favor de la minería.
En Apurímac, el virtual gobernador regional, Percy Godoy Median (Frente de la Esperanza), no tuvo claridad en su campaña respecto a la minería. Godoy tuvo propuestas en el tema minero, pero nada concreto sobre los problemas relacionados con la carretera minera del sur y los conflictos sociales en Cotabambas, donde MMG tiene varios proyectos. Además, Godoy habló de iniciar acciones para prevenir y delimitar áreas para la explotación minera, pero un Gobierno regional no tiene competencia para hacerlo. En Cusco habrá segunda vuelta entre Werner Salcedo (Somos Perú) y Edy Cuéllar (Inka
Pachakuteq). En la provincia de Espinar ganó Cludy Rosmery Laguna (Autogobierno Ayllu). Laguna asumirá la alcaldía porque el candidato Rolando Condori y la candidata a primera regidora fueron declarados improcedentes. Esta organización fijó posición sobre la actividad minera y fue clara al cuestionar la intromisión de la minera Antapaccay en el proceso electoral.
En las regiones han obtenido representación los movimientos regionales, mientras que los partidos nacionales tienen poca presencia en el poder. Por otra parte, se está visibilizando un elemento fundamental que es la cultura de la corrupción, no es algo actual, pero se ha visto en esta campaña electoral en nuestros candidatos. Tanto candidatos como la sociedad no están alejados de esta cultura, debido a que está normalizada. Por ejemplo, los candidatos en las regionales de Apurímac presentaron denuncias y procedimientos judiciales. Por eso, los gobernadores, alcaldes provinciales y distritales manejen intereses particulares y no comunes.
Asimismo, hay organizaciones encubiertas del fujimorismo dentro de las regiones, quizás no han presentado candidatos fujimoristas directamente, pero tienen alianzas y están presentes en sus candidaturas.
Por último, está empezando a surgir una corriente que apuesta por endurecer el manejo de los conflictos sociales. Se está hablando de apoyar la inversión y de garantizar las actividades extractivas. Pero no se discute los riesgos que implican el creciente proceso de criminalización de la protesta, que se traduce en la persecución judicial a los defensores y a las defensoras socioambientales. Cuando esto sucede las autoridades guardan silencio y las organizaciones políticas, como los políticos, tampoco se pronuncian. Esto se está reforzando y en el Congreso hay presencia de conservadores que creen más en la inversión que en los derechos de las personas.
Este artículo fue publicado originalmente en la revista Pulso Regional Pulso Regional, Nº 61, nov. 2022, pág. 16-17. Su autora es Lorena Prieto, voluntaria con APY y el proyecto SHARE, de EU Aid Volunteers en la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
SHARE, liderado por ASPEm, cuenta como socios entre otros, con la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción , la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH , ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes , Centro de Promocion de la Mujer Gregora Apaza , Dejavato Foundation , Fundación Munasim Kullakita (Quierete Hermanita) , Ghana Developing Communities Association LGB , Human Supporters Association H.S.A , Jeevan Rekha Parishad , Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement
