La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se desploma mientras el gasto militar se dispara. En un contexto de policrisis global —cambio climático, guerras, desplazamientos forzados y aumento del coste de vida—, las necesidades humanitarias crecen de forma exponencial, pero los recursos destinados a cooperación no dejan de reducirse. A esta crisis financiera se suma otra igual de grave: la estigmatización y criminalización de las ONG, acusadas sin pruebas de actuar contra los intereses nacionales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué quienes ayudan se han convertido en un blanco político?
Hoy día vivimos tiempos de policrisis, a saber, crisis que se solapan y se refuerzan entre sí. Como resultado, las necesidades humanitarias han crecido de forma espectacular. Son tiempos de crisis climática, desplazamientos forzados, guerras, volatilidad de los mercados y aumento del coste de vida. En este marco, los recortes en cooperación suponen un lastre mayor sobre todo para los más desfavorecidos. Para 2025, Naciones Unidas estimaba que 305 millones de personas requieren ayuda, y para atenderlas se necesitan 47.400 millones de dólares, distribuidos en 24 planes de respuesta y nueve llamamientos de emergencia. Las regiones más afectadas son África Meridional y Oriental (85 millones de personas) y Oriente Medio y Norte de África (59 millones).
Pero este aumento de las necesidades no va acompañado de más recursos. Al contrario, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cayó en 2024 por primera vez en seis años, un 7,1% menos que en 2023, con cuatro grandes donantes tradicionales (Alemania, EE.UU., Francia y Reino Unido) recortando simultáneamente durante dos años seguidos, algo inédito hasta ahora.
¿Se resquebraja un orden para la cooperación?
… se estima que, en 2025, el gasto militar de los Estados miembros alcanzará los 381 000 millones de euros, lo que significa cinco veces más de lo aportado para cooperar.»
La actualidad global es cada vez más preocupante, y uno de los blancos que está sufriendo esta nueva era política y económica es la cooperación. Son distintas las razones para que esto ocurra, y entre estas encontramos la dirección política e ideológica que está tomando el mundo, un mundo acechado por la idea de que la cooperación internacional es algo pasado, que no funciona, o más bien, que es una agenda política que va contra los intereses nacionales, que despilfarra dinero o que es parte de una plan ideológico. Todo ello en el resurgimiento de un realismo político que creímos había acabado con el orden de la postguerra, pero que al parecer solo quedó aparcado. Competir y no cooperar, reforzar la geopolítica y la geostrategia en pro de los intereses nacionales, externalizar fronteras y aumentar el gasto militar. lo que observamos no es tanto un colapso del multilateralismo como la puesta al desnudo de sus propias contradicciones fundacionales. El orden de la posguerra nunca fue un proyecto neutro de cooperación desinteresada, sino un artefacto discursivo construido por los vencedores para estabilizar un mundo a su medida, envuelto en el lenguaje de la paz, los derechos humanos y el desarrollo. La idea fue mantener un equilibrio de poder que beneficiaba a unos pocos. Cuando ese discurso y ese orden dejó de rendir los frutos esperados —cuando los mecanismos multilaterales comenzaron a mostrar sus grietas y, sobre todo, cuando dejaron de servir exclusivamente a los intereses de quienes los diseñaron—, se ha desenterrado a la momia del realismo político. Quizás no es que el multilateralismo haya «fracasado», sino que nunca fue más que un velo temporal. Y ahora, ante la amenaza real a su hegemonía, resurgen los «fantasmas» del pasado —la fuerza, el interés nacional, la securitización— antes que repensar un orden global con justicia social verdadera.
En este escenario, la cooperación esgrimida por muchos líderes políticos, lamentablemente parece solo ser una retórica de palabras vacías, un simple saludo a la bandera de los ODS. La securitización parece imponerse como la regla que guía todas las reglas. Donde hay más securitización habrá menos espacio para la cooperación. Como señala la Coordinadora de ONG «Según datos de la Consejo Europeo, se estima que, en 2025, el gasto militar de los Estados miembros alcanzará los 381 000 millones de euros, lo que significa cinco veces más de lo aportado para cooperar.»
La democracia tal como la conocemos, o como fue construida en el mundo de la postguerra está cambiando, y las instituciones creadas para asegurar la democracia y los derechos humanos, por activa y por pasiva, se ven menos posibilitadas a ello. Siguiendo al director ejecutivo de Human Rights Watch Phillipe Bolopion, podemos señalar que el principio R2P (Responsabilidad de proteger) adoptado luego del genocidio en Rwanda y Bosnia, ha quedado en papel mojado. Esta ofensiva anti derechos humanos que ha propulsado la administración Trump parece tener repercusiones en otros gobiernos. Más allá de las retóricas grandilocuentes, lo cierto es que muchos gobiernos han empezado a tratar los derechos humanos y el Estado de derecho no como un pilar de la estabilidad, sino como un estorbo para sus agendas de seguridad y desarrollo económico. La Unión Europea, junto con Canadá y Australia, parece seguir la rienda por miedo a incomodar a Estados Unidos y China, mientras que otros Estados se ven arrastrados internamente por partidos que han ido despojando su discurso político de todo compromiso genuino con los derechos humanos. En países como Reino Unido, Alemania o Francia, amplios sectores del electorado aceptan sin reparos la restricción de derechos para «los otros» —inmigrantes, mujeres, minorías raciales, personas LGTBQ+, comunidades marginadas—, como si la erosión de las garantías ajenas no fuera a terminar alcanzándoles a ellos, pues la historia es tozuda: los autócratas en ciernes nunca se detienen en los «otros». Y en este contexto parece que la cooperación internacional, las ONG y quienes defienden derechos se convierten en un blanco incómodo, pues siguen señalando que la democracia no es solo crecimiento ni seguridad, sino también garantías para todas, y que necesitamos de la misma para alcanzar la justicia social, concepto que también es atacado en la nueva ola de retórica reaccionaria.
La reducción progresiva de la Ayuda Oficial al Desarrollo y sus graves consecuencias sobre el terreno
Son irrefutables los datos que demuestran como la cooperación al desarrollo salva vidas y crea una vida que mejora al colectivo. Por ejemplo, la revista Lancet, una fuente de información sobre salud mundial que tiene un importante prestigio internacional demuestra con datos contundentes que la Ayuda Oficial al Desarrollo salva vidas de forma directa y masiva. Sus resultados muestran que unos mayores niveles de financiación de la AOD se asocian a una reducción del 23% en la mortalidad general por todas las causas, y del 39% en la mortalidad de niños menores de cinco años. El impacto es especialmente notable en enfermedades graves: la mortalidad por VIH/sida se reduce un 70%, la que se da por malaria un 56%, la dada por deficiencias nutricionales un 56% y la que resulta de enfermedades tropicales desatendidas un 54%. También se observan descensos significativos en tuberculosis, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y causas maternas y perinatales.
… la mortalidad por VIH/sida se reduce un 70%, la que se da por malaria un 56%, la dada por deficiencias nutricionales un 56% y la que resulta de enfermedades tropicales desatendidas un 54%
Sin embargo, al comenzar 2025, muchas organizaciones humanitarias y sus socios ya estaban operando en modo de reducción. De acuerdo a ALNAP (Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Desempeño en la acción humanitaria) la financiación humanitaria, que había alcanzado un máximo histórico en 2022, inició una clara tendencia a la baja, con una fuerte contracción del 10% durante 2024. En parte, señalan, este descenso responde a una vuelta a los niveles de gasto habituales tras los aumentos extraordinarios provocados por la pandemia de COVID-19 y por las respuestas a grandes emergencias, como la movilización para evitar la hambruna en Somalia. Empero, no se trata solo de un ajuste puntual. Algunos de los principales donantes ya habían empezado a anunciar compromisos políticos a largo plazo para reducir sus presupuestos de ayuda y reorientar sus prioridades. Como resultado, los déficits de financiación se han cronificado, especialmente porque las emergencias de alto perfil mediático —en particular la guerra en Ucrania— han acaparado una parte desproporcionada de los fondos humanitarios disponibles, dejando a otras crisis en un segundo plano.
Si bien la cancelación del 83% del USAID por parte de las élites de la administración Trump es el hecho que más llama la atención debido a la importancia de dicha organización, la cual representaba alrededor de un 40% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, dicha cancelación es la mayor muestra de una de las tendencias más preocupantes en la actualidad para quienes creemos en el apoyo y la solidaridad global. Tradicionalmente, los países ricos financiaban con estos fondos servicios sanitarios básicos, programas educativos, iniciativas de seguridad alimentaria y proyectos de adaptación al cambio climático. Pero hoy, ese respaldo se vuelve cada vez más incierto o, en muchos casos, está desapareciendo por completo. Varias naciones del G7 han recortado su gasto en desarrollo en los últimos dos años. Los argumentos oficiales van desde las dificultades económicas internas, hasta la necesidad de destinar más recursos a la defensa militar o el aumento del gasto en acogida de personas refugiadas —este último contabilizado como ayuda internacional según las normas vigentes, aunque poco tenga que ver con el desarrollo en los países más empobrecidos.
Y es que el sistema humanitario depende significativamente de donantes bilaterales tradicionales. Por ejemplo, en 2024 unos 2/3 de la financiación venían de Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido. En 2025, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Francia representaron el 95,7 % de la disminución total de la AOD. Solo Estados Unidos fue responsable de tres cuartas partes de dicha disminución, lo que se trata de la mayor reducción en volumen registrada por cualquier donante en cualquier año. Suecia, que ocupa el tercer lugar en cuanto a AOD en 2025 y es el mayor donante de la UE, también anunció una disminución de 930 millones de euros a varios países del Sur global, los cuales serán reasignados a Ucrania. El Reino Unido ha señalado que abandona el objetivo del 0,7, pasándolo a 0,3%, justificando dicho cambio en gestionar las finanzas públicas y los Países Bajos en su nueva Política de Ayuda al Desarrollo señalaron igualmente que reducirían la AOD a un 0,44%. Por su parte, Alemania anunció también que disminuirá el presupuesto de ayuda humanitaria en 251 millones de euros respecto a 2025.
En 2025, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Francia representaron el 95,7 % de la disminución total de la AOD.
Así pues, a nivel mundial lamentablemente es una tendencia. Entre 2025 y 2026 hubo un desplome de la financiación humanitaria mundial de 16630 millones de euros de acuerdo al Servicio de Seguimiento Financiero, una base de datos web de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que monitorea los flujos de ayuda humanitaria a nivel global. Por su parte, de acuerdo a la OCDE, la inversión destinada a proyectos de desarrollo y cooperación técnica —excluyendo partidas volátiles como la atención a refugiados o la ayuda humanitaria— sufrió un desplome histórico del 26,3%. Este recorte sugiere que los ajustes presupuestarios ya no solo afectan a las emergencias puntuales, sino que han empezado a socavar los cimientos de la cooperación a largo plazo. La ayuda humanitaria gestionada por los países miembros de la OCDE ha sufrido un retroceso considerable, registrando una caída del 35,8% hasta situarse en los 15.500 millones de dólares. Este recorte supone una merma sustancial en los fondos disponibles para mitigar crisis urgentes, reflejando una tendencia a la baja que preocupa por su magnitud en el actual contexto global. Con este resultado, se interrumpe definitivamente el ciclo de expansión que se había mantenido con firmeza durante cinco años (2019-2023), marcando un claro punto de inflexión en el compromiso financiero de los donantes hacia la respuesta humanitaria inmediata.
Como señala la ALNAP, la congelación de fondos por parte de la Administración Trump golpeó de inmediato a las organizaciones más dependientes de Estados Unidos y a aquellas sin reservas suficientes. Se enfrentaron a crisis de liquidez, agotamiento de reservas, riesgos legales y laborales, impagos a proveedores y pérdida de confianza de comunidades, socios y gobiernos por el cierre abrupto de proyectos. En cuanto al empleo, el impacto ha sido devastador. Solo ocho agencias de las Naciones Unidas, ocho organizaciones no gubernamentales internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han anunciado públicamente, a lo largo de 2025, despidos que superan ya los 31.000 puestos de trabajo. Estas cifras, por sí mismas alarmantes, son solo la punta del iceberg, ya que no incluyen los recortes de plantilla en cientos de organizaciones locales más pequeñas ni en los socios comunitarios sobre el terreno. Todo apunta a que estos despidos continuarán aumentando en los próximos meses, a medida que se agoten las reservas financieras y se hagan efectivos los recortes estructurales anunciados por los principales donantes.
Recortar la ayuda vulnerabiliza más a poblaciones altamente vulnerables, teniendo las organizaciones que priorizar/sacrificar atención. Los recortes no son sencillamente un freno, son un retroceso, pues procesos de cooperación que han creado redes y dinámicas para ayudar a poblaciones vulnerables perderán un tejido que no es posible recuperar de la noche a la mañana. Es decir, se está perdiendo lo logrado luego de años de cooperación, pues hay que entender que la misma funciona con dinámicas que requieren tiempo, conocimiento, adaptación, replanteamiento, son procesos iterativos que no se construyen de la noche a la mañana. Para afrontar los desafíos globales hace falta previsibilidad y poder así tener visión a largo plazo. Los recortes hacen que sea más dificil actuar.
Menos dinero y mas ataques
La falta crónica de financiación tiene consecuencias devastadoras. En 2024, la brecha fue de unos 25.000 millones de dólares, y los planes humanitarios de la ONU apenas lograron cubrir el 50% de lo necesario. Pero esto no es nuevo: en 2023 ya se registró el porcentaje más bajo de financiación de la historia, apenas un 45%. En resumen, la ayuda humanitaria lleva años infrafinanciada, y el déficit no hace más que crecer a medida que aumentan las necesidades.
Para más inri, el problema es que esta crisis financiera en la AOD viene también apoyada por una crisis de legitimidad. Y no solo es que la cooperación este perdiendo legitimidad política, sino que también está siendo estigmatizada. La debacle de la USAID responde al hecho de cómo la administración Trump, ponen en tela de juicio dicha política por preferir intereses geoestratégicos (el juego de suma cero de ganar yo para que pierda el otro). En Europa también se está dando un ataque a que desvirtúa a la cooperación en pro de favorecer decisiones geoestratégicas. Pero no solo es que se desvirtúan las labores de las ONG, sino que la reacción está llegando a niveles dramáticos.
… esto no es nuevo: en 2023 ya se registró el porcentaje más bajo de financiación de la historia, apenas un 45%.
El ejemplo más fuerte de la criminalización es lo que ha ocurrido en Gaza. Se atacan instalaciones médicas violando el derecho internacional bajo el argumento de que si se atiende a un enemigo, ya no es un territorio protegido, es un objetivo de guerra legitimo según el perpetuador del ataque. Como siempre ha ocurrido a nivel histórico, esto es solo la gota que derrama el vaso de un derecho internacional que viene perdiendo terrero desde antes de la pandemia, pero que ciertamente luego de ésta, aunado al boom de desinformación que la misma provoco en las redes sociales, ha promovido un proceso de estigmatización que va creando recelo y odio para terminar «justificando» las acciones de destrucción. Ello es la punta de lanza de una corriente donde las entidades de cooperación y ayuda humanitaria son criminalizadas y estigmatizadas como corruptas o ideológicamente opuestas. Esto no es algo que surge de la noche a la mañana, sino es un discurso que se viene dando desde partidos y lideres autoritarios, especialmente de ultraderecha, quienes por un lado o sienten que las ONG están de una manera demostrando las grietas de su sistema de poder y cohesión social, o por otro dichas organizaciones son un blanco del que pueden sacar frutos políticos para socavar el multilateralismo y así justificar una progresiva securitización.
EL cierre de la USAID y la deslegetimización de la cooperación viene de un proceso de desinformación que no es solo reputacional, es un proceso que se ha venido construyendo durante años y se ha visto favorecido en parte por la falta de responsabilidad o la intencionalidad manifiesta de las nuevas empresas TIC de comunicación que hoy, siguiendo al economista griego Varoufakis, ejercen un control tecnofeudal sobre la política y la información.
Debido a la desinformación se van deslegitimando y retrasando los apoyos a los más necesitados lo que interrumpe procesos de cooperación, además de que se expone a los cooperantes a amenazas de grupos políticos y reaccionarios, que aprovechan esta narrativa para sus agendas políticas. En la actualidad, son cada vez más frecuentes los casos en los que organizaciones humanitarias son criminalizadas sin fundamento. Por ejemplo, en Gaza y Cisjordania, el gobierno israelí ha vetado a 37 ONG acusándolas, sin pruebas, de vínculos con el terrorismo. En Europa, Francia y Alemania pidieron la renuncia de la relatora de la ONU tras distorsionar sus palabras sobre el genocidio en Palestina. Este clima de desprestigio también alcanza a España, donde entidades como Cruz Roja y Cáritas han sufrido acusaciones falsas —desde críticas por apoyar la regularización de migrantes hasta bulos sobre su ausencia durante la DANA de Valencia—, difundidas a menudo por perfiles de gran alcance y partidos de ultraderecha como Vox. En El Salvador, en un contexto de grave retroceso de derechos humanos y debilitamiento institucional, la Asamblea Legislativa —controlada por el partido de Bukele— aprobó sin debate una Ley de Agentes Extranjeros. Aunque dice buscar transparencia, en la práctica criminaliza y estigmatiza a las organizaciones de derechos humanos y a los medios que critican al gobierno; aquí el Estado puede señalar y sancionar a quien recibe fondos del exterior, generando un clima de sospecha que frena la labor humanitaria y de defensa de derechos.
El llamado es a seguir ejerciendo solidaridad en acción
En dicho contexto, no es extraño que se de la criminalización de las ONG; se las silencia, se las ahoga financieramente y se las expulsa del espacio público, impidiendo que sigan cooperando con las comunidades más vulnerables, frenando así cualquier control al poder autoritario. Este fenómeno no es aislado ni reciente. Responde a un discurso promovido por líderes autoritarios y ultraderechistas que ven en las ONG una amenaza a su poder o un blanco político para deslegitimar el multilateralismo y justificar la securitización. A las ONGs se las acusa de falta de neutralidad o de actuar «políticamente», simplemente porque no se alinean con los intereses de quienes las atacan. En la era de la sobreinformación y el clickbait, los bulos se equiparan a las fuentes verificadas, y la desinformación campa a sus anchas, en unas redes sociales adictas a la instantaneidad producida por contenidos viscerales alimentados por algoritmos que favorecen discursos agresivos, lo que ha abierto un nuevo frente a las ONG, un frente donde no parece haber posibilidades de combatir ante lo agigantado que se han vuelto los discursos de odio y la desinformación.
El cierre de agencias como USAID y el ataque a la cooperación no es solo un problema reputacional: es el resultado de años de campañas de desinformación, favorecidas por la irresponsabilidad de las grandes empresas tecnológicas. Esta dinámica no solo retrasa la ayuda a quienes más la necesitan e interrumpe procesos de cooperación, sino que expone a los cooperantes a amenazas reales por parte de grupos políticos reaccionarios que aprovechan estas narrativas para sus propios fines.
Apostar por la cooperación es apostar por un futuro habitable para todas las personas
Frente a este sombrío panorama, no cabe la resignación. Cada euro invertido en cooperación salva vidas reales, construye sistemas sanitarios, escuelas, medios de vida y resiliencia climática. No es caridad ni despilfarro, es una poderosísima herramienta frente a los desafíos globales que ninguna nación puede resolver sola.
No es un gasto, es una inversión. No es una concesión ideológica, es un pilar de la democracia y los derechos humanos.
Por eso, revertir las tendencias autoritarias y democráticas que hoy amenazan a las ONG y a la sociedad civil no es solo un acto de defensa de los derechos humanos, sino una cuestión de supervivencia colectiva. Cuando se criminaliza a quien ayuda, cuando se estigmatiza a quien denuncia, cuando se ahoga financieramente a quien coopera, lo que se está socavando es la propia capacidad de la humanidad para responder a las crisis.
La cooperación al desarrollo beneficia a todo el mundo. Beneficia a quien recibe ayuda, ciertamente, pero también a quien la ofrece: porque genera estabilidad global, reduce flujos migratorios forzados, previene conflictos y construye un orden internacional más justo y seguro para todas las personas. No es un gasto, es una inversión. No es una concesión ideológica, es un pilar de la democracia y los derechos humanos.
Por todo ello, el llamado es claro: defender la cooperación, blindar la Ayuda Oficial al Desarrollo frente a los recortes, combatir la desinformación y la criminalización de las ONG, y exigir a los gobiernos que vuelvan a poner los derechos humanos y la solidaridad en el centro de su acción exterior. Porque el mundo que queremos no se construye con muros, recortes y securitización, sino con puentes, previsibilidad y cooperación. El futuro no será habitable si dejamos que gane la momia del realismo político. Todavía estamos a tiempo de elegir otro camino.
