¿Alguna vez te has preguntado por qué las empresas transnacionales (ETN) parecen actuar con total impunidad, sin importar el daño que causen a las personas o al planeta? La respuesta radica en una desigualdad normativa que se ha construido cuidadosamente a lo largo de décadas para favorecer sus intereses.
Lastimosamente, la gobernanza internacional está atada a un sistema económico que carece de robustez a la hora de garantizar la responsabilidad corporativa en el sector extractivo con respecto a salvaguardar los derechos humanos y la protección ambiental. A nivel multilateral, se está intentando garantizar una protección efectiva de los Derechos Humanos, una justicia ambiental real y procesos de reparación para los territorios históricamente vulnerados y a través de mecanismos que permitan interpelar las dinámicas estructurales que reproducen la desigualdad. Uno de ellos es un Tratado Vinculante que se está impulsando desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), en donde activistas y movimientos sociales presionan por la realización de un tratado realmente eficaz, a la vez que luchan contra el lobby corporativo que intenta hacer el tratado «papel mojado». Ha sido un proceso largo que aún tiene «todo por hacer».
Un poco de historia
En los años setenta, hubo un intento genuino de establecer normas internacionales para regular a estas gigantes corporaciones. Las Naciones Unidas crearon la Comisión de Sociedades Transnacionales y el Centro de Sociedades Transnacionales con el objetivo de investigar sus actividades y, crucialmente, elaborar un Código de Conducta. Sin embargo, este código nunca llegó a ver la luz, y para mediados de los noventa, ambos organismos fueron desmantelados.
Luego, en 1999, surgió el Pacto Mundial (Global Compact), lanzado por Kofi Annan en el Foro de Davos. Esta iniciativa, presentada como una «alianza creativa entre Naciones Unidas y el sector privado», consolidó la filosofía de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la solución preferida. El problema es que la RSC es voluntaria, unilateral y no tiene exigibilidad jurídica. La cruda realidad es que los derechos de las ETN están protegidos por un robusto ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones que son imperativas y coercitivas, respaldadas por sanciones, multas e incluso presiones diplomáticas y militares. Mientras tanto, sus obligaciones se limitan a leyes nacionales a menudo débiles, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos frágil, y a la ya mencionada RSC, que depende de la buena voluntad de las empresas.
Incluso en la creación de la Corte Penal Internacional en 1998, las grandes potencias económicas ejercieron presión para excluir del Tratado de Roma las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, los crímenes ecológicos, y la imputabilidad de las personas jurídicas. Esto significa que las empresas, como entidades, no pueden ser juzgadas directamente por estos crímenes. Después de décadas de depender de códigos de conducta y acuerdos voluntarios bajo el paraguas de la RSC, la amarga verdad es que las violaciones de derechos humanos y los impactos socioambientales causados directa o indirectamente por las ETN no solo no han cesado, sino que continúan produciéndose a gran escala.
Y es que el camino hacia lograr un marco jurídico global que responsabilice a las empresas transnacionales por sus violaciones de Derechos Humanos ha sido un proceso largo y complejo, marcado por la persistencia de la sociedad y las organizaciones sociales, así como los avances graduales en el ámbito de las Naciones Unidas. Sin embargo, aún queda mucha tela que cortar, y el auge de autoritarismos así como la continuación de una economía que demanda infinitos recursos en un planeta finito, pone en riesgo el alcance de un marco jurídico eficaz que proteja los derechos humanos y garantice la justicia socio-ambiental.
Actualmente, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se vienen desarrollando distintas sesiones con el objetivo trazado en 2014 de redactar un «instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos.»
Sin embargo, es importante traer a colación que anterormente, movimientos y organizaciones sociales se fueron articulando ante los abusos y atrocidades cometidas por empresas transnacionales (ETN). Por ejemplo, en 2012, tras años de organización y discusión se formó La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, una respuesta estructurada y sistemática al poder global de las ETN. Es una amplia alianza de 250 movimientos sociales, redes, organizaciones y campañas de denuncia de empresas específicas.
Los Orígenes de la Campaña y el impulso hacia un tratado vinculante.
La aspiración de la Campaña es enfrentar el poder de las ETN fomentando el intercambio de información y experiencias, facilitando el debate y actuando como un espacio cada vez más prominente donde se estrechan los lazos de solidaridad y apoyo entre las diversas luchas contra dichas empresas. Impulsan activamente el establecimiento de un tratado jurídicamente vinculante en las Naciones Unidas. El propósito de este tratado es regular las actividades de las ETN y poner fin a sus constantes abusos de los derechos humanos. Además, la Campaña sirve como una herramienta vital para profundizar y apoyar los movimientos de resistencia contra estas ETN a escala local, regional e internacional.
Si bien es una lucha que viene años dándose desde el seno de activistas, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, quisiéramos destacar algunas fechas relevantes para conocer los orígenes de la Campaña así como de la discusión de un Tratado Vinculante en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
2004 : Se creó la Red Birregional Enlazando Alternativas (América Latina y el Caribe – Europa), una alianza entre la sociedad civil organizada de ambos continentes que buscaba impulsar un mundo basado en los conceptos de paz, democracia participativa, justicia social, derechos humanos, soberanía alimentaria, sostenibilidad y el derecho de los pueblos a la auto-determinación. A través de dicha red se vincularon distintas luchas sociales así como cosmovisiones alternativas a un mundo que consideraban estaba guiado por una gobernanza que impulsaba una agenda comercial liderada por el poder de las ETN. Iniciaron acciones de denuncia contra los Tratados de Libre Comercio y la impunidad de las empresas transnacionales. Esta red sentó las bases para una movilización más amplia.
2006: Se Realizó el Encuentro social Enlazando Alternativas 2, en ocasión de la 4º Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En dicho marco, unas 200 organizaciones hicieron un llamado para formar “Alternativas sociales en una nueva era de las relaciones Europa América Latina y el Caribe”. Junto al Tribunal Permanente de los Pueblos llevó a cabo una Sesión del Tribunal sobre “Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe”.
2010 Se lleva a cabo otra sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (Madrid 2010), juzgando a 70 transnacionales y bancos en 54 casos por sus impactos en América Latina. Las conclusiones son contundentes: la violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales es sistemática, y los códigos voluntarios, las buenas prácticas y la RSE son insuficientes para resolver la impunidad. Se concluye que se necesita un marco legal vinculante en el contexto de la legislación internacional.
Publicación del Tribunal permanente de los pueblos 2010
El Lanzamiento de la Campaña Global y el Inicio en las Naciones Unidas de la discusión por un Tratado Vinculante (2012 – 2019)
2012 : Después de un año de intercambio, organizaciones, redes y movimientos de Latinoamérica, África, Asia y Europa, EEUU y Canadá firmaron una Llamada para la Acción internacional contra las ETN durante la Cumbre de los Pueblos Río+20. En dicho contexto lanzan la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, aglutinando a más de 200 movimientos, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades afectadas, lo que marca un hito en la movilización internacional por la justicia corporativa. Organizaciones pertenecientes a la campaña comenzaron en 2012.
2013: La Campaña Global se implica directamente en el proceso del Tratado Vinculante y lanza la Alianza para el Tratado. Se emite la Primera Declaración por un instrumento legalmente vinculante para las empresas transnacionales (ETN) y otras empresas en materia de derechos humanos.
2014: En esta ola de organización social, desde 2012, empoderados por la urgencia y la indignación, comienzan a redactar el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales el cual fue publicado en 2014, gracias a la ardua labor de abogados-activistas y la sabiduría arraigada en los movimientos sociales y las comunidades directamente afectadas. En junio, la Campaña organizó la primera semana de movilizaciones por dicho tratado en Ginebra, ya que se estaba llevando a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes dicho año adoptaron la Resolución 26/9. Esta resolución establece un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG), con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos:
2015 – 2018: Se celebran las primeras 4 Sesiones del OEIGWG, con la Campaña Global activamente involucrada en las discusiones y la presentación de sus propuestas.
2019: En julio, se publica el Borrador 1 del Tratado Vinculante. La Campaña considero que dicho borrador no abordaba de manera efectiva los desafíos centrales de la globalización, por lo que sería un documento legal ineficaza nivel internacional que aspire a establecer un marco global fuerte de regulación de las actividades de las ETNs respecto a los derechos humanos. Hacen un llamado a respetar el mandato establecido por la Resolución 26/9, y a tener en cuenta los elementos presentados por la Campaña Global en el borrador.
Avances y retrocesos recientes (2020 – 2024)
2020: En agosto, se publica el Borrador 2 del Tratado Vinculante, preparado por la Presidencia del OEIGWG, y la Campaña Global emite una Declaración al respecto, señalando las preocupaciones de la Campaña tales como
«… la ausencia del reconocimiento de obligaciones de respeto de los derechos humanos para las ETNs ; la omisión de incluir a las cadenas globales de producción, pilares de la arquitectura corporativa internacional; la falta de mecanismos jurídicos internacionales eficaces de aplicación del Tratado y de sanción en caso de no cumplimiento, como la propuesta de Corte internacional; y la falta de reconocimiento inequívoco de la primacía de las normas internacionales de derechos humanos sobre cualquier otro instrumento jurídico, en particular sobre los acuerdos de comercio e inversión» . (Amigos de la tierra Internacional (2020) – El segundo borrador revisado del tratado vinculante de la ONU: «es como si perdiese su alma»)
2021: En agosto, se publica el Tercer Borrador Revisado. La Campaña señala que pese a observar cambios positivos en el mismos, los consideran retóricos ya que «fallan en solucionar los problemas estructurales señalados por los movimientos sociales y las comunidades afectadas«, rechazando de pleno la no inclusión de mejoras aportadas por comunidades afectadas y movimientos sociales, resultando en un documento con «conceptos vagos, indeterminados, incluso no legales, que pueden comprometer la interpretación y aplicación futura de artículos claves.»
2023: En julio, se publica un borrador actualizado del tratado. La 9ª sesión del OEIGWG , que tuvo lugar del 23 al 27 de octubre en Ginebra. Para los impulsores de la Campaña dicho borrador muestra graves deficiencias, como que la mayoría de las aportaciones constructivas e importantes de los Estados comprometidos del Sur Global no fueron retenidas. Por ejemplo, la palabra «obligaciones» se sustituyó por «responsabilidad», como pedía EE.UU. (seguido por algunos otros países). Para la Campaña, esta propuesta ignora el hecho de que las ETN ya tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Además, el concepto de «impacto adverso sobre los derechos humanos» se ha integrado en el artículo 1 y a lo largo de todo el Tratado, a pesar de que este concepto es jurídicamente inapropiado para este tipo de instrumento. A su vez denunciaron que se suprimieron las propuestas clave para la elaboración de un instrumento fuerte y eficaz procedentes de los movimientos sociales y las comunidades afectadas, mientras que se impusieron las de los representantes de las ETN.
Foto: Representantes de la Campaña Global al finalizar las sesiones del CDHNU en 2023
2024 (ONU): La 10ª sesión del OEIGWG se celebra del 16 al 20 de diciembre en Ginebra. Con motivo de dicha sesión referimos la intervención de Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT, denunciando los retrocesos en las negociaciones respecto a la protección de derechos humanos.
2025, hacia la 11va sesión. La Lucha continua frente a las adversidades
El presente año, durante el mes de marzo, se presentó el Informe sobre el décimo período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El informe hace hincapié en la importancia fundamental de salvaguardar los derechos humanos, centrándose especialmente en la necesidad de hacer que las empresas rindan cuentas por sus acciones:
- Reconocimiento de la responsabilidad corporativa: muchas empresas siguen violando los derechos humanos, lo que genera problemas graves, como el trabajo infantil, la esclavitud moderna y la degradación ambiental. Esto subraya la necesidad de un marco sólido que exija la responsabilidad empresarial en el respeto de los derechos humanos.
- Ineficacia de los esfuerzos actuales: A pesar de algunos avances en la integración de los derechos humanos, el informe señala que los esfuerzos actuales no han sido suficientes para prevenir las violaciones o garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos. Esto indica la necesidad apremiante de adoptar medidas más enérgicas para proteger los derechos humanos.
- Marco legal para la responsabilidad: Se considera esencial el establecimiento de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Un marco de este tipo no solo aclararía las responsabilidades corporativas, sino que también mejoraría la seguridad jurídica y crearía condiciones de competencia equitativas a nivel mundial. Esto ayudaría a garantizar que las empresas no puedan eludir la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.
- Cooperación y estándares globales: Se hace hincapié en la necesidad de un estándar global unificado, ya que evitaría que las empresas exploten las regulaciones más débiles de ciertos países.
- Llamamiento a redoblar los esfuerzos: El informe pide que todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, redoblen sus esfuerzos para abordar las violaciones de los derechos humanos de manera efectiva.
También, a principios de este año, el Presidente-Relator publicó una actualización de la hoja de ruta para 2025, que incluye las fechas de las consultas temáticas intersesionales:
En Abril se discutió el Artículos 4 (Derechos de las víctimas), 5 (Protección de las víctimas) y 7 (Acceso a reparación). En dicha sesión participó Pablo Fajardo, quien señaló la importancia de un Tratado Vinculante que haga justicia ante los crímenes corporativos tales como el de Chevron-Texaco en la Amazonía.
Otra integrante de la Campaña, Leticia Palacios, integrante de Amigos de la Tierra Internacional señaló durante la sesión que el tratado debe dar prioridad a los DDHH sobre los intereses empresariales, así como el hecho de que el actual sistema de acumulación de ganancias se termina imponiendo a la protección de los Derechos Humanos. Reiteró el compromiso y la confianza en el tratado como una herramienta poderosa para que los y las afectadas busquen justicia, así como el hecho que desde la campaña se seguirá denunciando el entorpecimiento de las negociaciones por parte de los lobbies empresariales.
Adicionalmente, La Campaña Global ha venido publicando distintos recursos para enriquecer el tratado, siendo el último el documento titulado Obligaciones para las empresas transnacionales en el Instrumento jurídicamente vinculante internacional: Posible, adecuado y fundamental. El documento enfatiza la necesidad urgente de un tratado vinculante que responsabilice a las empresas transnacionales por sus acciones, particularmente en relación con los derechos humanos. Esta necesidad surge del reconocimiento de que los derechos humanos a menudo se ven comprometidos en la búsqueda incesante de ganancias, lo que puede conducir a la degradación ecológica y a la injusticia social. Empoderar a las comunidades afectadas, proteger a los colectivos vulnerables, priorizar y promover un avance, no un retroceso, en DDHH, entre otros aspectos, el establecimiento de un tratado vinculante sobre derechos humanos no es simplemente una necesidad legal sino un imperativo moral. Representa un paso fundamental hacia el desmantelamiento de las estructuras de explotación que dan prioridad a las ganancias por encima de las personas y el medio ambiente, allanando el camino para un mundo más justo y sostenible.
«… es importante que el Instrumento Vinculante tenga en cuenta los derechos ya reconocidos, creando obligaciones específicas para las empresas transnacionales con respecto a ellos y no limitando a un rol taxativo, incluyendo así nuevos derechos que puedan llegar a existir. De esta manera, el Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos puede ser una poderosa herramienta más en las manos de las comunidades y personas que luchan día a día, que podrán exigir de las corporaciones transnacionales conductas determinadas y demandar responsabilización.»(Obligaciones para las empresas transnacionales en el Instrumento jurídicamente vinculante internacional: Posible, adecuado y fundamental.)
También la Red-DESC una iniciativa colaborativa de movimientos sociales, grupos de pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas y ambientalistas, sindicatos independientes y defensores de DDHH presentaron un documento titulado Líneas Rojas. Principios y salvaguardias legales que los Estados deben incluir en el instrumento jurídicamente vinculante para poner fin a la impunidad corporativa. Destacan cómo las élites corporativas influyen cada vez más en la toma de decisiones gubernamentales a través de mecanismos de captura empresarial, pues las empresas han obtenido un acceso privilegiado a los principales foros de toma de decisiones, lo que les permite diseñar políticas que se alineen con sus intereses. Este acceso a menudo se ve facilitado por su poder financiero y sus esfuerzos de cabildeo. El documento hace hincapié en el conflicto de intereses inherente cuando los representantes de las empresas participan en negociaciones que podrían regular sus actividades. Por ejemplo, la participación del Consejo de Negocios Internacionales de los Estados Unidos (USCIB) en los debates sobre tratados vinculantes suscita dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, dados sus intereses financieros en la venta de armas y otros sectores.
«Desde el inicio de la campaña genocida de Israel contra los 2,2 millones de residentes palestinos en Gaza, numerosos miembros del Consejo Empresarial de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB) han obtenido importantes beneficios mediante la venta de armas al Estado de Israel. (…) los representantes del USCIB tienen permitido participar activamente, sin restricciones, en las negociaciones del OEIGWG como parte de una organización acreditada por el ECOSOC.» (Líneas Rojas. Principios y salvaguardias legales que los Estados deben incluir en el instrumento jurídicamente vinculante para poner fin a la impunidad corporativa)
En Agosto se realizará la valoración final de las discusiones de los artículos 4 a 11, y posibles propuestas para la 11ª sesión del OEIGWG que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre en Ginebra.
La lucha de la UDAPT, un ejemplo de por qué necesitamos un Tratado Vinculante
La UDAPT forma parte activa de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad. En el siguiente vídeo el abogado de UDAPT, Pablo Fajardo, explica, durante una entrevista realizada por Radio Mundo Real el involucramiento de UDAPT en el proceso del Tratado Vinculante:
Y es que la UDAPT lleva más de 30 años luchando, demandando justicia ambiental, años en lo que la impunidad corporativa de Chevron (ex Texaco) ha impuesto su justicia, años que comunidades enteras han tenido que padecer penurias, años en los que activistas han salido a defender la justicia social y ambiental pese a amenazas y campañas de difamación y criminalización impulsadas desde élites políticas y corporativas.
La UDAPT ha traspasado fronteras luchando a nivel legal y político por la justicia socioambiental, dando voz a las comunidades afectadas y sentando a Chevron en la mesa de los acusados. Recordemos que después de una sentencia favorable a las víctimas, Chevron ha logrado mantenerse impune, pues lamentablemente cuenta con un sistema jurídico internacional que lo permite, y actualmente intereses políticos en Ecuador buscan favorecer a la transnacional en detrimento de la justicia socioambiental. Es por ello que la lucha por impulsar un Tratado Vinculante de aplicación efectiva que proteja los Derechos Humanos y penalice a las empresas por su actuación en contra de los mismos, se hace cada día más necesaria, permitiendo así impulsar la justicia restaurativa.
La lucha contra Chevron por los daños socio-ambientales causados en diversos lugares del mundo, especialmente ha generado un amplio movimiento de solidaridad y acción por parte de organizaciones a nivel internacional. Si bien la UDAPT es una organización central de las comunidades afectadas en Ecuador, muchas otras organizaciones internacionales la apoyan y llevan adelante sus propias campañas y acciones exigiendo que Chevron pague por los daños.
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- La organización Amazon Watch ha sido muy activa en la denuncia de los crímenes ambientales de Chevron en la Amazonía, siguiendo y difundiendo el caso de la UDAPT contra Chevron así como el lobby judicial y corporativo llevado a cabo por Chevron para quedar impune.
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- Amigos de la Tierra Internacional ha brindado un apoyo constante a la UDAPT y ha denunciado la impunidad corporativa de Chevron.
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- Amnistía Internacional denunció la persecución al abogado Steven Donziger, abogado defensor de derechos humanos y ambientales, quien representó a víctimas de vertidos de petróleo en una causa contra la Chevron Corporation en Ecuador.
Estas organizaciones, junto con muchas otras a nivel nacional en diversos países, forman una red global de apoyo que continúa presionando a Chevron para que asuma su responsabilidad y repare los daños causados, y que también busca fortalecer los marcos legales internacionales para evitar que empresas transnacionales operen con impunidad.
Desde APY llevamos “Salud, justicia y reparación”, una campaña de apoyo a la UDAPT. Buscamos proporcionar ayuda médica a las víctimas del petróleo en la Amazonía mediante donaciones. Invitamos a quienes nos leen a colaborar con la misma y ayudar a las afectadas por Chevron. Puedes colaborar de distintas maneras, afiliándote, haciendo una donación directa o compartiendo nuestra campaña en redes. Entra en VICTIMASDELPETROLEO.ORG para más información y ayúdanos a seguir ejerciendo Solidaridad en Acción.
Desde Boycott Chevron hasta la segunda sesión negociaciones intersesionales por un Tratado Vinculante. Continúa la lucha por la justicia socioambiental
Desde el día de movilización anti Chevron (21 de mayo), la UDAPT sigue incansable denunciando los crímenes corporativos de Chevron y las comunidades siguen movilizadas en la lucha.
Por ejemplo, el #diaantichevron Donald Moncayo, coordinador de la UDAPT, estuvo en Washington (Estados Unidos) participando en una discusión organizada por Public Citizen, Friends of Earth y Amazon Watch donde denunció los impactos de Chevron en la Amazonía y los arbitrajes de los que se aprovechan las empresas para quedar impunes, dejando desamparadas a las comunidades afectadas. También pudo reunirse con congresistas y senadores de los Estados Unidos y explicarles por qué Chevron realmente perdió el caso contra las comunidades afectadas en la Amazonía y debe pagar.
El 28 de mayo durante horas de la mañana estuvieron junto alrededor de 200 personas de Nacionalidades Indígenas y del Pueblo Mestizo de la Amazonía norte, quienes se plantaron en los exteriores de la Procuraduría General del Estado del Ecuador para exigirle acciones transparentes que hagan efectivo el cumplimiento de la sentencia que condena a Chevron por la contaminación de petróleo. Denunciando la complicidad de la Procuraduría con la trasnacional, ya que viene favoreciendo a Chevron en contra de la sentencia histórica que lo condenó a reparar a sus víctimas en la Amazonía. En la tarde, dentro de las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social, participaron en el Foro Internacional Anti Chevron, donde se discutieron dos de los casos más graves de injusticia ambiental en el Ecuador.
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- Caso Aguinda vs. Chevron: La histórica lucha de comunidades indígenas de la Amazonía contra la petrolera Chevron (Antes Texaco), responsable del peor crimen ambiental en la Amazonia.
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- Caso Mecheros: Una realidad que sigue afectando la salud y el entorno de las comunidades amazónicas, a causa de la quema permanente de gas asociado a la explotación petrolera.
Entre el 3 y el 6 de junio se llevó a cabo la segunda y tercera intersesión sobre los artículos 6 (Prevención), 8 (Responsabilidad jurídica), 9 (Jurisdicción), 10 (Prescripción) y 11 (Ley aplicable) del tratado vinculante.
A continuación presentamos varios videos donde representantes de la campaña, incluyendo al abogado de la UDAPT, Pablo Fajardo, realizan comentarios sobre la importancia de un tratado vinculante, así como denuncian a las corporaciones violadoras de derechos humanos:
Son muchas organizaciones como la UDAPT y que continúan su incansable labor por un tratado vinculante que responsabilice a las empresas por los impactos en los derechos humanos. Su voz, entrelazada con la de los movimientos socioambientales, resuena en la lucha por la justicia, recordándonos que la defensa de los derechos es una construcción colectiva y constante. Sin embargo, la persistente influencia de poderosos intereses corporativos amenaza con desmantelar los avances logrados, socavando la posibilidad de un marco legal que realmente proteja a las comunidades y la vida en el planeta. La devastadora contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana es un crudo recordatorio de las consecuencias de la impunidad empresarial, donde la búsqueda de lucro se impone sobre la dignidad de las personas y la salud de los ecosistemas.
Es imperativo que las corporaciones transnacionales asuman obligaciones claras y exigibles en materia de derechos humanos y ambientales. Necesitamos mecanismos robustos que permitan a las víctimas obtener una reparación integral y asegurar que las sentencias se cumplan, desmantelando la impunidad que ha prevalecido. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar por un tratado que ponga fin a esta arquitectura de injusticia corporativa.
Es momento de ser parte activa de un movimiento global que exige que los derechos humanos y la protección del ambiente prevalezcan sobre los intereses corporativos. Te invitamos a apoyar nuestra campaña Salud, Justicia y Reparación, para apoyar a la UDAPT en su lucha por la justicia socioambiental, así como ser participe de la lucha activa a nivel global con los movimientos y organizaciones que demandamos que los derechos humanos y ambientales estén por encima de los corporativos; que esta sociedad sostenida por el extractivismo sobre todo a costa de las personas, el ambiente los territorios y modos de vida del Sur Global debe cambiar cuanto antes.
