El próximo día 13 de noviembre Pablo Fajardo, abogado y activista ambiental ecuatoriano, que representa a nuestra organización hermana UDAPT en el juicio contra la petrolera Chevron (antes Texaco), nos visitará en Lanónima Sevilla para hablarnos de los procesos de lucha y resistencias de los pueblos indígenas contra las grandes petroleras.
Pablo Fajardo, reconocido internacionalmente por su participación en los procesos legales contra los impactos socioambientales de la extracción petrolera en Lago Agrio, ha sido galardonado con el «Hero’s award” de la CNN en la categoría de «gente común y héroes extraordinarios», y con el Premio Goldman para el medio ambiente. Este premio es considerado como el “Nobel del medio ambiente” y es un reconocimiento significativo en el campo del activismo ambiental.
Los campos petroleros más importantes del Ecuador se encuentran en la región amazónica del Ecuador, concretamente en Lago Agrio, cerca de la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos. Desde 1964 hasta 1993, la multinacional petrolera Texaco, lideró un consorcio con con Petroecuador para explotar los yacimientos petrolíferos de esta zona.
Durante sus años de operación se extrajo petroleo del país con técnicas muy contaminantes, obsoletas en comparación con las técnicas de explotación estándar de la época, y que Texaco usaba en Estados Unidos: se usaban fosas de tierra excavadas cerca de la plataforma en el suelo para deshacerse de los contaminantes químicos y residuos petroleros resultantes de las exploraciones y explotaciones.
Los tóxicos acumulados en esas piscinas contaminaron todo el ecosistema circundante, inluidos ríos cercanos, que alimentan el Amazonas y proveen a la población que vive en la zona. Cerca de medio millón de hectáreas de tierras y ríos se vieron contaminados. Se dejaron más de 800 fosas llenas de desechos tóxicos y se vertieron 64.000 millones de litros de agua tóxica. Se calculó el ahorro para la empresa producido por usar estas técnicas en 4000 millones de dólares.
Este desastre ambiental afectó directamente la salud de los habitantes, la cultura y el territorio de miles de habitantes, provocando el desplazamiento y la desaparición de comunidades indígenas, además de un aumento en los casos de cáncer, abortos espontáneos y leucemia en niños menores de cuatro años.
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – (UDAPT) es una organización sin fines de lucro que reúne a comunidades pertenecientes a 6 nacionalidades indígenas (Waorani, Siekopai, Siona, A’I Kofan, Shuar y Kichwa) y cerca de 80 comunidades colonas/campesinas asentadas en el área contaminada, presentaron en 1993 una demanda colectiva contra la petrolera (hoy día absorbida por Chevron Corporation) en Nueva York, acusando a la empresa de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de la población debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante los 28 años de explotación.
En todos estos años de litigio en EEUU y en Ecuador, Chevron trató por todos los medios de eludir la responsabilidad y remediar el desastre provocado, Chevron lanzando un bombardeo de relaciones públicas y acciones legales masivas de represalia.
En 2011, el Tribunal Supremo de Ecuador ratificó finalmente las sentencias condenatorias a Texaco-Chevron y fue condenada a indemnizar con 9500 millones de dólares a las comunidades afectadas para reparar el daño causado, especificado en cuatro puntos: reparación ambiental, que incluye limpieza de ríos, suelos y pantanos; obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas. Esta corte también lamentó que los demandantes hubieran esperado 20 años para que se hiciera justicia y lo atribuyó en gran medida a las tácticas dilatorias de Chevron. Esta sentencia constituye un caso histórico para la responsabilidad corporativa.
Pasados los años, la justicia ecuatoriana se ha mostrado incapaz de hacer cumplir la sentencia. Chevron, a pesar del fallo en su contra, evadió la justicia ecuatoriana retirando sus activos del país y demandando a Ecuador en tribunales internacionales. En 2018, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya condenó al gobierno ecuatoriano a pagar una compensación multimillonaria a la corporación, argumentando que la sentencia original se obtuvo mediante fraude y corrupción.
Hasta el día de hoy, la UDAPT trabaja activamente con diversos grupos tanto de Ecuador como del resto del mundo para que se haga justicia y se repare el daño causado.
