Perú es un país complejo con una crisis político-social y económica múltiple. La desigualdad está enraizada en una tradición racista que divide la población según su origen cultural y económico. Pocos lugares se benefician del aparentemente aumento del PBI del país, que muestra porcentajes altos, pero su redistribución efectiva es muy baja. Lima, la capital, es el principal centro económico y de poder político, donde se concentra la riqueza, pero también dónde la desigualdad es la más visible.
Durante el conflicto interno armado que ocurrió en el periodo 1980-2000, hubo grandes movimientos de desplazados internos hacia Lima para huir del conflicto que estaba principalmente en las regiones altoandinas de Ayacucho y Huancavelica. Sin embargo, el conflicto llegó hacia Lima en sus últimos años y se extendió en todo el país.
Hoy en día, siguen los movimientos de migración hacia la capital porque es dónde se concentra la riqueza. Las razones de estos desplazamientos, calificados como invasiones en su doble acepción de toma de tierras y de llegada masiva de inmigrantes, son varias, pero la primordial es la pobreza extrema que está extendida en el resto de Perú. Pero la pobreza sigue siendo una realidad para la mayoría de los desplazados y migrantes. Aislados, pocos tienen cubiertas necesidades básicas tales como el agua potable, electricidad, y sus Derechos Humanos están aniquilados por discriminación y el racismo.
La falta de visibilidad sobre otras realidades del país genera ignorancia y estigmatización por parte de la población limeña y de los más privilegiados y privilegiadas. El hecho de considerar estos desplazamientos como “invasiones” refleja la falta de conocimiento dentro de la misma sociedad peruana sobre los conflictos políticos-sociales y económicos que persisten en las provincias peruanas.
La invisibilización de las comunidades altoandinas, campesinas e indígenas refuerza el estigma de la desigualdad y el desconocimiento de sus desafíos cotidianos para alcanzar una vida digna. Las amenazas sobre sus vidas y sus culturas fragmentan las comunidades y diluye cada vez más su existencia como ciudadanos y ciudadanas con derechos.
Entre las propias comunidades se puede notar una cierta discriminación en base al racismo. Las comunidades altoandinas se disocian de los indígenas de la selva, reconociéndose a si mismas como campesinos y campesinas. Además, marcan su diferencia afirmándose como trabajadores y trabajadoras de la tierra frente a los indígenas de la selva que son considerados cómo “inútiles” o “vagos”. Lo que parece ser un detalle es en realidad la expresión de una división que se articula dentro de un sistema jerárquico y racista.
La desigualdad no es solo un factor económico, pero viene también en parte de un sistema de creencias que encadena a todos y todas a sus condiciones cómo algo intrínseco a su cultura, a su raza. Entonces, la violencia institucional y cultural está totalmente integrada y normalizada por ser justificada como algo natural e innato. De igual forma, se reproduce en todas las capas de la sociedad, dividiéndola en una competencia injusta para acceder a sus Derechos y encerándola en un fatalismo social.
Aunque Perú no está considerado como un país en conflicto, su situación política-social y económica subrayada por una alta-desigualdad y con conflictos medioambientales crecientes, tiene todos los componentes para favorecer nuevos enfrentamientos internos. Si miramos a lo largo de la historia, la desigualdad y el estigma ha sido el generador de la mayoría de los conflictos en el país sudamericano. No obstante, no se puede comparar la situación pre-conflicto con la situación actual, pero se puede tomar como punto de referencia para prevenir potenciales confrontaciones. La desigualdad es un patrón político-social y económico violento en si mismo y que normaliza la violencia estructural como el único modelo de sociedad.
Bárbara Torrente es autora de esta entrada y voluntaria con APY y el proyecto SHARE, de EU Aid Volunteers en la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) en Perú.
SHARE, liderado por ASPEm, cuenta como socios entre otros, con la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción , la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH , ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes , Centro de Promocion de la Mujer Gregora Apaza , Dejavato Foundation , Fundación Munasim Kullakita (Quierete Hermanita) , Ghana Developing Communities Association LGB , Human Supporters Association H.S.A , Jeevan Rekha Parishad , Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement
