APY Solidaridad en Acción

4 años de violencia en Cabo Delgado: la vulnerabilidad de la población aumenta

4 años de conflicto bélico en Cabo Delgado Mozambique

Cabo Delgado, provincia de Mozambique en la que la Fundación APY trabaja desde hace 3 años, sufre desde 2017 una situación de conflicto armado que enfrenta a grupos islamistas y a las fuerzas armadas de este país, que ha provocado la huida de más de 700.000 personas y la muerte de más de 2.500, en su mayor parte civiles. Situada al norte de la República de Mozambique, Cabo Delgado hace frontera al norte con Tanzania, país del que está separado por el río Ruvuma y al este con el océano Índico. Siendo la región más remota y alejada de la capital de Mozambique, es también una de las más castigadas del país. Cabo Delgado ha estado relegada históricamente debido a la ausencia de inversiones y ayudas del Estado, y ha sido escenario de combates en la guerra de la independencia en la década de 1950 y la posterior guerra civil del país, que terminó en 1992.

A esta situación de conflicto bélico y crisis humanitaria se suma el descubrimiento de importantes yacimientos gasísticos y mineros que cambió radicalmente el panorama y que convirtió a la provincia en un área de gran interés económico. La bolsa de gas descubierta en la cuenca del río Rovuma está considerada como la mayor reserva de África y una de las más importantes del mundo, elevando a Mozambique a la 13ª potencia mundial en reservas de gas según los datos de CIA World Factbook1. Varias empresas multinacionales (la francesa Total, la estadounidense Anadarko y la italiana ENI y otras más pequeñas europeas) se instalaron en la zona. Cabo Delgado es también una zona rica en oro y rubíes.

La presencia de proyectos extractivistas levantó expectativas de mejora de vida en la población local, dedicada en su mayoría a actividades agrícolas, pesqueras y al comercio informal. En la actualidad los beneficios de la extracción no han redundado en la región, al utilizarse mano de obra cualificada traída del exterior. Además, las grandes obras de infraestructura necesarias han obligado al desplazamiento de muchas personas2 y han dado lugar a perjuicios medioambientales.

La insurgencia islamista se organiza en torno a un grupo llamado Ansar Al Sunna, localmente conocido como Al-Shabaab (los jóvenes) que comienza su actividad como grupo religioso en 2015, pero se convierte en grupo militarizado en 2017. Este grupo, que sigue las tendencias del Dáesh, ha logrado dotarse de una estructura estable en la región a partir del tráfico ilegal de madera y rubíes, así como la trata de mujeres con fines de explotación. Las bases de este grupo se nutre de la situación de pobreza y desencanto de la población con el estado, y su objetivo declarado es la imposición de un régimen basado en su concepción extremista de la ley islámica, y se declara anticristiano y antioccidental, en contraposición con la práctica del Islám que predomina en la provincia, con un 58% de población de orientación musulmana. Desde 2017 Al Shabbab declara objetivos todo símbolo de la presencia del Gobierno (como pueden escuelas, centros de salud, sedes administrativas o la ley), y ha sido responsable de numerosos ataques contra la población civil, mediante secuestros, violencia sexual contra las mujeres y niñas, saqueos de aldeas y asesinatos4.

La presión del conflicto entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes sobre la población civil, los estragos de la pandemia COVID-19 y los provocados por la acción de ciclones e inundaciones, así como de la propagación de enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada, ha situado a Cabo Delgado en una crisis humanitaria que empeora por momentos. La ONU prevé más millón de civiles desplazados; a pesar de esto, la respuesta internacional a la crisis es muy débil. Hasta marzo, los donantes internacionales habían financiado solo el 39% de la modesta solicitud de presupuesto del ACNUR de 19,2 millones de dólares para Cabo Delgado para el período 2020-21. Los niveles de financiación son preocupantes, pero más preocupante es su falta de movimiento: el llamamiento humanitario total de 254 millones de dólares de la ONU para Mozambique solo se habría cubierto en un 5%3.

Se ha informado que casi 15000 personas, de las cuales el 44% son menores, han llegado a distritos adyacentes después de los últimos ataques, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre los principales problemas de protección identificados entre las personas desplazadas que llegan a varios sitios y puntos de tránsito se encuentran la separación familiar, los menores no acompañados, la violencia de género, las madres solteras en las áreas de refugio, personas ancianas, discapacitadas y las personas traumatizadas y en necesidad de apoyo psicológico4.


  1. The World Factbook: Natural gas – proved reserves. En línea:
    https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/natural-gas-proved-reserves/country-comparison
  2. Martínez, C. S. (2020). El terrorismo yihadista. El yihadismo en el Sahel amenaza a Europa. bie3 Boletín IEEE, 20, 447-461.
  3. Cabo Ligado: Mozambique Concllict Observatory: Cabo Ligado Weekly: 1521 March 2021. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). En línea:
    https://www.caboligado.com/reports/cabo-ligado-weekly-15-21-march-2021
  4. Reliefweb: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Mozambique – Attacks In Palma District, Flash Update No.5 As of 9 April 2021. En línea: https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-attacks-palma-district-flash-update-no5-9-april-2021

SUBVENCIONES recibidas