La emergencia por el coronavirus y la crisis sanitaria, económica y social que ha destapado en nuestro país, a la que ahora se suma la crisis política, está poniendo en riesgo nuestros derechos fundamentales, especialmente en las zonas rurales donde la presencia estatal es escasa y los servicios son muy básicos o inexistentes.
En este contexto, la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres rurales se ha agravado por el aislamiento social, el cierre de los pocos servicios existentes durante el confinamiento y la no priorización de acciones de prevención de violencia por parte de las instituciones públicas y de respuesta comunitaria frente a una problemática invisibilizada y naturalizada.
En la Región de Piura, el 63% de las mujeres señala que ha sufrido alguna forma de violencia sea psicológica, física o sexual. Sin embargo, existe una profunda brecha entre esta incidencia y el número de denuncias. En las provincias de Ayabaca y Morropón apenas el 0,27 % de las mujeres que sufren violencia hizo uso de los servicios del Centro de Emergencia Mujer en el 2019. Quienes denuncian acuden en primera instancia a la justicia comunitaria, a las Rondas Campesinas, o a los juzgados de paz y comisarías, donde todavía se encuentran casos en los que se aplica la conciliación entre víctima y agresor, evidenciándose el incumplimiento de la Ley 30364 y vulnerando el derecho de las mujeres.
En el marco del 25 de Noviembre Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, lanzamos la campaña “Nos queremos libres y sin violencia, ¡emergencia con derechos!” para denunciar públicamente que la emergencia está poniendo en riesgo la salud y la integridad de las mujeres rurales, vulnerando su derecho a vivir sin violencia.
Alentamos a las autoridades locales e instituciones públicas a responder y fortalecer su desempeño frente a la violencia en articulación con las organizaciones de mujeres y en cumplimiento de la Ley 30364 a través de una atención libre de discriminación por razones de sexo y sin machismo.
Así mismo, la necesidad de una respuesta comunitaria frente a la violencia y de rechazo a los patrones socioculturales machistas que justifican, toleran y legitiman las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Si conoces un hecho de violencia ¡actúa! y fortalece la acción comunitaria. Las víctimas no están solas.
Policías, fiscales, jueces y rondas campesinas deben proteger a las víctimas.
Las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, también durante la emergencia.
Esta es una campaña promovida por las Mesas de la Mujer de Ayabaca, Montero y Sta. Catalina de Mossa, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y APY Solidaridad en Acción. Para mayor información contactarse con Clea Guerra, celular 970964918, mail clea@flora.org.pe
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