Más de 6.000 muertos, un apagón digital sin precedentes y una economía en caída libre: Irán enfrenta hoy la crisis más profunda de su historia moderna. Lo que comenzó a finales de diciembre de 2025 como una chispa de indignación comercial en Teherán ante la pérdida del 90% del poder adquisitivo, ha escalado hasta convertirse en un levantamiento social que desafía las bases mismas de la República Islámica. El colapso financiero, la represión sistemática de los derechos humanos y el aislamiento tecnológico parecen haber empujado a una nación de 90 millones de habitantes a un punto crítico, donde el silencio impuesto por el régimen es la última frontera antes de una masacre a gran escala.
Las actuales movilizaciones en Irán, no son un evento aislado, sino el resultado de un convencimiento generalizado, el sistema vigente que gobierna Irán ha perdido legitimidad. Aunque las demandas políticas son profundas, el motor principal de esta ola de protestas es un colapso económico que ha complicado notablemente la vida cotidiana. La chispa inicial la prendieron los comerciantes de equipos electrónicos el 28 de diciembre, asfixiados por una devaluación monetaria que hace prácticamente imposible importar mercancía o generar cualquier beneficio.
Lo que ocurre hoy parece ser uno de los desafíos más serio que ha enfrentado la República Islámica en su historia. Sin embargo, la respuesta del Estado no ha sido el diálogo, sino una violencia letal que busca silenciar a la población a cualquier costo. El número de muertos y asesinados durante las protestas sigue sin estar claro. Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales han podido verificar la muerte de más de 2500 manifestantes, entre ellos menores de 18 años, y miles de heridos, algunos de gravedad, mientras que se han confirmado casi veinte mil detenciones. Dado que la mayoría de los asesinatos se han producido desde el 8 de enero, en medio de un bloqueo digital total que ha imposibilitado una verificación más exhaustiva, los informes actuales estiman que el número de asesinatos es mucho mayor, probablemente superior a 6000, mientras que una coalición global de ONG y organizaciones de derechos humanos donde se encuentra United Nation Watch estima que la cantidad de personas muertas, hasta el 14 de enero de 2026, asciende a 12.500. Este nivel de brutalidad sugiere que el régimen teme perder el control, ordenando a sus fuerzas de seguridad actuar de forma «decisiva» y sin restricciones.
¿Cuál es el contexto económico?
Para entender la magnitud del desastre económico, basta mirar las cifras, sin olvidar que hay mucha opacidad respecto a las mismas. En prácticamente una década el poder adquisitivo de los iraníes se ha desplomado en un 90%. La moneda local se ha desplomado de tal manera que, mientras hace una década un dólar costaba 30.000 riales, hoy se necesitan 1,47 millones de riales para obtener la misma divisa. Esta devaluación del 3.300% prácticamente borra los ahorros de toda una vida, destruyendo a la clase media profesional —con expectativas globales de progreso— y empujándola por debajo del umbral de la pobreza, a la vez que empuja más hacia al hambre y la precariedad a los estratos más pobres. Por su parte, las personas jóvenes forman parte importante de los y las manifestantes; y es que el desempleo juvenil también se ha considerado un detonante, ya que el mismo ronda un 25%, a la vez que muchas de las personas empleadas en este rango de edad tienen empleos precarios. Recordemos que Irán es un país de alrededor de los 90 millones de habitantes, y un 47% son menores de 30 años, es decir prácticamente la mitad de la población nació luego de la Revolución Islámica del 1979.
La crisis no es solo de papel moneda, sino de suministros básicos. La población enfrenta una inflación crónica cercana al 50%, que en el caso de los alimentos, analistas estiman llega al 70%. El precio del pan, alimento básico para los más pobres, ha subido un 110%, mientras que los subsidios gubernamentales de apenas 8 dólares mensuales no alcanzan para más que una bolsa de arroz o una jarra de aceite. A esto se suma un colapso de los servicios públicos: una crisis de agua mal gestionada, cortes constantes de electricidad por falta de mantenimiento y niveles de contaminación del aire tan extremos que impiden a las personas mayores salir a la calle.
El detonante final que llevó a la gente a las calles fue una combinación de medidas fiscales drásticas. El gobierno anunció un aumento del 67% en el precio de la gasolina y la eliminación del tipo de cambio preferencial para productos esenciales. Esto último significa que las medicinas y los alimentos, que antes se importaban a un precio subsidiado, ahora se pagarán a precio de mercado libre, lo que podría quintuplicar su costo. Mientras la población enfrenta estos ajustes, el presupuesto estatal contempla asignar cifras millonarias —unos 2.150 millones de euros— a las fuerzas de seguridad y grandes sumas a instituciones religiosas, priorizando el aparato religioso y represivo sobre el bienestar ciudadano.
En el plano político, la decepción con la figura del presidente Masoud Pezeshkian ha sido total. Aunque llegó con promesas reformistas, Pezeshkian se ha confesado «sin ideas» para resolver la corrupción sistémica y las luchas internas. No ha logrado avances legislativos en libertades sociales ni ha acabado con la censura en internet. Esta parálisis subraya una realidad que los manifestantes denuncian: el poder real reside en el Líder Supremo, Alí Jamenei, y no en la presidencia, manteniendo un sistema de gobierno ineficiente y una oligarquía que no rinde cuentas y que se ha enriquecido a pesar de las sanciones internacionales.
Finalmente, el contexto internacional ha terminado de asfixiar la economía. Tras una década de presiones, el regreso de las sanciones de Estados Unidos en 2018 y las recientes sanciones impuestas por el Reino Unido, Francia y Alemania han provocado un ciclo de austeridad y lo que expertos describen como un «neoliberalismo autoritario». Atrapados entre una economía en caída libre, sanciones externas y un régimen que responde con amenazas de fuerza bruta, la población iraní ha pasado del hartazgo a la irrupción pública, viendo en las protestas la única salida ante un horizonte de progreso que les ha sido arrebatado.
¿Cómo tapar la impunidad? La cortina digital y la represión
Un elemento crítico en esta estrategia de control ha sido el apagón digital. Desde el 8 de enero, las autoridades impusieron un bloqueo total de internet y comunicaciones móviles, extendiendo incluso la persecución contra quienes intentan usar equipos satelitales como Starlink. A las ocho y media del 8 de enero Irán se desvaneció del mapa digital, por lo que, 85 millones de personas se vieron envueltas en una burbuja global de silencio en una época donde la comunicación a través de la web es cada vez más potente. Con esto, la teocracia puede además de silenciar la protesta, controlar el relato.
Para un sistema de gobernanza autoritario, el espacio digital no representa una herramienta de progreso, sino una amenaza existencial que permite la documentación de abusos y la ruptura del monopolio del discurso oficial. En este contexto, la interrupción del servicio de internet debe entenderse como un estado de excepción digital. Como ha señalado Amnistía Internacional, estos apagones no son incidentes técnicos, sino maniobras deliberadas para ocultar violaciones sistemáticas en medio de una represión cada vez más letal.
Esta táctica no es nueva en el arsenal de Teherán, sino que forma parte de un patrón histórico de control. Ya en 2019, durante las movilizaciones por el combustible, la desconexión total del país fue el preludio de la muerte de más de 300 personas. El mismo esquema se repitió en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. Estos antecedentes confirman que la desconexión no es una reacción improvisada, sino una política de Estado diseñada para el aislamiento social y la impunidad política.
La ejecución técnica de este aislamiento es posible gracias a una infraestructura de red altamente centralizada. El régimen opera mediante la manipulación del BGP (Border Gateway Protocol), el sistema que dirige el tráfico global de datos. Al dar la orden de dejar de anunciar rutas de acceso o mediante el uso de null routing (descarte de tráfico), las autoridades logran que el país, literalmente, desaparezca del mapa digital. Es un mensaje técnico y político al resto del planeta: Irán deja de responder al mundo exterior para poder actuar sin testigos en su interior.
Estos bloqueos de las comunicaciones restringen gravemente el acceso a la información independiente y el intercambio de datos esenciales y vitales, creando las condiciones para dejar impunes graves violaciones de los derechos humanos. Ya antes del blackout, defensores de derechos humanos y disidentes conocidos dentro y fuera de Irán, denuncian haber sido amenazados, pues las autoridades han intentado reprimir las expresiones de apoyo a las protestas en internet y redes sociales.
Este aislamiento no es casual: busca impedir que el mundo vea la escalada de violencia y obstruir la coordinación de los servicios de emergencia. En ciudades como Ilam, la situación alcanzó niveles de crueldad alarmantes cuando las fuerzas de seguridad del FARAJA (El Comando de Policía de la República Islámica de Irán) y la IRGC (Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) asaltaron el hospital Imam Khomeini, lanzando gas lacrimógeno en su interior y golpeando a pacientes y personal médico para detener a los manifestantes heridos que buscaban refugio.
¿Cuál es el precio de la disidencia?
La represión se ejecuta con un arsenal que no distingue entre manifestantes y transeúntes. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado el uso ilegítimo de rifles de asalto, escopetas cargadas con perdigones de metal, cañones de agua y palizas brutales. El impacto en la población civil es devastador: se han reportado heridas oculares y cerebrales masivas debido a los perdigones, y los informes de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU confirman que entre las víctimas fatales se encuentran al menos cinco niños. Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, resulta «inaceptable» que el gobierno etiquete a los ciudadanos como «terroristas» para justificar esta violencia indiscriminada.
Organizaciones de Derechos Humanos señalan que la violencia es especialmente feroz en las regiones habitadas por minorías étnicas, como las provincias de Lorestán e Ilam (hogares de las comunidades kurda y luri). En estas zonas, los ataques han sido brutales; testimonios recogidos por organizaciones internacionales describen cómo agentes dispararon contra multitudes desarmadas desde bases militares. Un caso que ilustra esta tragedia es el de Taha Safari, un joven de 16 años cuya familia lo encontró en la morgue con graves heridas en la cabeza tras haber desaparecido. Como él, cientos de adolescentes de apenas 14 años han sido detenidos arbitrariamente en redadas nocturnas, quedando expuestos a torturas y desapariciones forzadas en centros de reclusión incomunicados.
Para las familias de las víctimas, el dolor se multiplica por la coacción del Estado, que las obliga a grabar confesiones falsas para los medios estatales diciendo que sus seres queridos murieron por «accidentes», bajo la amenaza de enterrarlos en lugares secretos si no lo hacían. Finalmente, el aparato judicial iraní ha reforzado este ciclo de horror. El Jefe del Poder Judicial ha señalado que no se puede tener»ninguna clemencia» y juicios expeditos que podrían derivar en el uso de la pena de muerte contra los manifestantes, aunque de momento, según declaraciones de la Casa Blanca del 15 de enero de 2026, parece que se han detenido las ejecuciones. Este contexto de impunidad no es nuevo: el país viene de un 2025 donde se ejecutaron a más de 1.300 personas. . Ante este escenario, la comunidad internacional observa con horror cómo Irán repite, con una escala mucho mayor, los patrones de violencia que ya marcaron el levantamiento del movimiento llamado «Mujer, Vida, Libertad» en 2022.
También el régimen iraní ha desplegado una campaña de detenciones masivas y arbitrarias con el objetivo de desarticular el movimiento. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se estima que miles de personas han sido arrestadas en las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad no solo detienen a quienes participan en las marchas, sino que realizan redadas nocturnas en domicilios particulares y sacan a manifestantes heridos directamente de las camas de los hospitales. Esta práctica ha generado un clima de terror tal que muchos heridos evitan buscar asistencia médica por miedo a ser capturados, como ocurrió en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari, donde un hombre herido falleció tras ser trasladado a una granja de ganado en lugar de a un centro de salud para evitar su detención.
La vulnerabilidad de los detenidos es extrema, ya que muchos son sometidos a lo que se conoce como desaparición forzada o reclusión en régimen de incomunicación. Al no permitirles contacto con sus familias ni con abogados, el riesgo de tortura y malos tratos es altísimo. Un aspecto especialmente alarmante es la detención de menores de edad; se ha documentado el arresto de adolescentes de apenas 14 años. La situación se agrava con el uso de los medios estatales para exhibir a los detenidos y forzarlos a seguir el relato de la teocracia: el 5 de enero, medios vinculados a la Guardia Revolucionaria emitieron las «confesiones» de una joven de 18 años y una niña de 16, a quienes el Estado acusó de liderar los disturbios, una práctica que la ONU y grupos de derechos humanos califican como confesiones obtenidas bajo coacción.
Aunque los derechos de las mujeres no fueron el principal catalizador de estas protestas, la libertad y la igualdad de las mujeres iraníes —incluida la oposición al hiyab obligatorio— siguen siendo cuestiones fundamentales. Las mujeres manifestantes desafiaron las estrictas normas sociales del régimen quemando retratos del ayatolá y fumando cigarrillos. Dos semanas antes, el 12 de diciembre, las fuerzas del régimen habían detenido violentamente a la premio Nobel iraní y activista por los derechos humanos de las mujeres Narges Mohammadi y la habían recluido, junto con otras activistas, en régimen de aislamiento. Además, el 50% de la población universitaria está constituida por mujeres aunque solo representan alrededor de un 12-15% de la fuerza laboral, dado que son marginadas por el régimen de muchos sectores económicos.
Finalmente, el sistema judicial iraní ha cerrado filas con el aparato represivo para acelerar el castigo a los disidentes. El Jefe del Poder Judicial ha pedido que se agilicen los procesos judiciales contra los manifestantes. Esta postura es especialmente preocupante dada la amenaza pública de aplicar la pena de muerte mediante procedimientos de urgencia. Como señala Human Rights Watch, esta política de «impunidad sistemática» permite que las fuerzas de seguridad operen bajo la convicción de que no rendirán cuentas por sus abusos, convirtiendo la detención en una herramienta de castigo político diseñada para aplastar cualquier esperanza de cambio en la sociedad iraní.
El llamado de atención de las ONG y las organizaciones de derechos humanos
Son diversos los activistas y organizaciones de Derechos Humanos así como ONGs que han denunciado la situación en Irán y hacen un llamado de atención urgente a la comunidad internacional para que impulse una solución pacífica que termine con la terrible coyuntura que ocurre en Irán, lo que no es algo sencillo, pues el país tiene un importante peso geopolítico, y son diversos los intereses de poder político y regional que confluyen en la nación persa.
Por ejemplo, unas 35 organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro para los Derechos Humanos en Irán, emitió un llamado desesperado ante lo que califican como uno de los periodos de represión más severos en la historia reciente del país. Con un apagón digital que ha superado las 140 horas de desconexión casi total, el régimen de Teherán ha creado un «punto ciego» informativo para ejecutar violaciones graves sin testigos. Señalan como esta fase de la crisis se ensaña especialmente con la sociedad civil organizada. Denuncian la gravedad de las declaraciones oficiales del fiscal general de Teherán, quien ha calificado a los manifestantes de vándalos y ha amenazado con que se enfrentarán a moharebe (guerra contra Dios), un delito castigado con la pena de muerte según la ley penal islámica. Los medios de comunicación estatales también han informado de detenciones masivas de personas a las que califican de «alborotadores».
Denuncian como los detenidos recientemente y quienes llevan más tiempo encarcelados —incluidos defensores de los derechos humanos, periodistas, escritores y artistas— se enfrentan a un riesgo mayor, ya que los antecedentes de Irán demuestran que los periodos de disturbios generalizados van seguidos de un aumento de las violaciones de los derechos humanos a los encarcelados, siendo especialmente vulnerables a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otras formas de opresión. Insisten en que no se debe olvidar la vida y la seguridad de las personas detenidas en Irán. Demandan que sean protegidos y liberados de forma inmediata e incondicional, a la vez que piden a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas para parar las crecientes violaciones de los derechos humanos, adoptando medidas concretas que detengan las muertes y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. También exigen investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre los asesinatos, las torturas, el uso letal de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, las desapariciones forzadas y demás violaciones graves de los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas en curso.
La necesidad de reestructurar el contrato social
Lo que ocurre en Irán no es simplemente una crisis política. Un Estado que destina sus recursos a la expansión de aparatos represivos y religiosos, mientras el 70% de la inflación en alimentos y el 25% de desempleo juvenil condenan al hambre a la generación que constituye el 47% de su población, ha dejado de cumplir su función básica de protección. La marginación estructural de las mujeres —quienes representan la mitad del capital intelectual universitario pero apenas el 15% de la fuerza laboral— no es solo una violación de derechos, sino un cuello de botella que asfixia cualquier posibilidad de desarrollo sostenible con paridad de género y progreso nacional.
La actual «impunidad sistemática» y el uso del cargo de moharebe contra manifestantes pacíficos prácticamente cierran cualquier vía de mediación posible. El uso del apagón digital como táctica de guerra no solo vulnera el derecho a la información, sino que facilita crímenes de lesa humanidad al ocultar la magnitud real de una masacre que ya se cuenta por miles. El reconocimiento de lo que para algunos analistas parece ser un «punto de no retorno» por parte de un segmento de la sociedad iraní – aunque al día de hoy no parece que vaya a darse un cambio político en la república islámica – exige una respuesta de la comunidad internacional que trascienda las sanciones económicas, las cuales a menudo terminan castigando a la población más vulnerable.
El camino hacia una solución pacífica requiere, de forma urgente, la apertura de corredores de información, el cese de las amenazas de ejecución y el establecimiento de mecanismos independientes de rendición de cuentas que permitan un nuevo contrato social. La resiliencia demostrada por el pueblo iraní, encabezada por una juventud que no conoce otro horizonte que la precariedad y una ciudadanía que parece haber perdido el miedo a la horca ante la desesperanza, es un llamado a la conciencia global. La estabilidad regional y la dignidad humana dependen de que el silencio impuesto por el régimen sea roto por una acción internacional y ciudadana concertada que ponga la protección de la vida y los derechos fundamentales por encima de cualquier interés geopolítico o bélico.
