Nada más llegar a Perú, la inmersión fue total y perturbadora. El día 17 de julio de 2022, en el memorial del Ojo que Llora en Lima, fue el rosario para las víctimas y sus familias de la Cantuta, un caso que lleva 30 años sin una justicia integral y sin reconocimiento. En base a acusaciones falsas, nueve estudiantes y su profesor fueron asesinados por el grupo militar Colina. Se les asociaba al grupo Sendero Luminoso – grupo terrorista que implementó 20 años de terror por todas las partes del país, específicamente en las zonas rurales – sólo por el hecho de estudiar en la misma universidad dónde nació el movimiento y tener afinidades con ideologías izquierdistas. Una persecución que perdura hasta hoy en día de la que fui testigo.
Mientras que se desarrollaba el acto por la memoria de las víctimas, un grupúsculo de personas empezó a corear palabras injuriosas, acusándoles de terroristas incluyendo también a todas las personas y organizaciones que les rendieron homenaje. Tal y como recuerda APRODEH en su sentencia tras el evento “(…) No existe la menor información consistente de órganos policiales, de inteligencia o del Ministerio Público –menos sentencias judiciales- que de una u otra manera permitan sostener, siquiera a nivel de sospecha razonable, que algunas de las víctimas de Barrios Altos o de La Cantuta participaron en los dos grandes atentados, precedentes de los hechos en su agravio, o que militaron o estén vinculados al PCP-SL. (…)”
Poco después de dicha manifestación, un evento similar ocurrió a las puertas del local de la organización Paz y Esperanza. Desde entonces, se me ha hecho evidente la desinformación sobre la impunidad que sufren, hasta el presente, las víctimas de dos décadas sangrientas que vivió el país, así como sus poblaciones y las organizaciones que luchan para su reconocimiento. Los procesos de revictimización son los resultados de una política social que ignora el sufrimiento, el derecho a la memoria y a la justicia. A raíz de estos eventos y de ser testigo de una de violencia verbal y moral, se forma la siguiente reflexión sobre el trauma que siguen viviendo los peruanos tras años de terrorismo y dictadura, que han dejado huellas indelebles en la memoria colectiva.
El país andino tiene una historia marcada por conflictos que siguen enraizados en la memoria colectiva contemporánea. Las narrativas son diversas, y van desde el reconocimiento hasta el negacionismo. Una sociedad dividida y aislada es la expresión de la falta de coherencia a nivel institucional y social. La población peruana se constituye de varias culturas y comunidades, pero su sociedad intenta ir en contra de su riqueza identitaria por imponer una sola definición de la peruanidad y de su historia.
Perú se enfrenta también a una gran inestabilidad política, que hace de caja de resonancia a un pasado todavía ardiente en los recuerdos de los peruanos. La violencia se manifiesta de manera pluridimensional y sus resultados impactan a lo más vulnerables. Intrínsecamente relacionado con lo anterior, los derechos de los ciudadanos se ven profundamente afectados y siguen incompletos debido a la falta de reconocimiento y a su falta de consentimiento en la toma de decisiones. Aunque el país conoció una fulgurante transformación hacia la democracia, los frágiles cimientos del sistema político social se están desmoronando, dejando a la vista las cicatrices abiertas de un pasado todavía vivo.
El miedo que se estableció debido al fujimorismo, Sendero Luminoso y el MRTA, afectó la dignidad de la población lo que impide hoy en día una reconstrucción holística de sus identidades. Además, los desafíos actuales debilitan la capacidad de resiliencia necesaria para trabajar hacia un futuro inclusivo y transformador. Como introduce Yerko Castro Neira en el libro Memoria de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán “(…) La historia de los países y de los pueblos se puede construir con dignidad y valor cuando se retrabaja a partir de su memoria y de la constante discusión con el olvido. (…)».
La crisis medioambiental, el extractivismo masivo que abre profundas heridas en las tierras peruanas, la violencia invisibilizada de las mujeres y personas LGTBIQA+, la desigualdad y las pobrezas son consecuencias directas del rechazo a escuchar tanto por parte del gobierno como dentro la misma de la población. La división hace parte de la dinámica relacional y social que aumenta el sentimiento de aislamiento y la falta de cohesión social. El rasgo fragmentario del país se precipita en discursos del odio dentro de la narrativa nosotros vs ellos, que establece una falsa jerarquía del dolor y una ignorancia del otro. Los conflictos, visibles o invisibles, son el conjunto de matices, que engloban a cada quien, tanto los “buenos” como los “malos”.
El fenómeno del “terruqueo” es bastante representativo de la voluntad de fragmentar la sociedad. Se puede definir como un mecanismo político-social que intenta censurar y estigmatizar cada iniciativa y a las personas que expresan un pensamiento crítico, un desacuerdo, un disgusto. Da pie a una interpretación distorsionada de sus palabras e intenciones, que lleva hasta la acusación, errónea, de terrorismo y/o intención de organizar un acto terrorista. Las nefastas consecuencias pueden llegar a ser peligrosas, porque justifica una represión violenta por parte de grupos gobernantes y/o detractores: acoso moral, acoso físico, y hasta asesinatos. Tiene su origen en la política fujimorista que, bajo la justificación de la guerra contra el terrorismo, aunque la amenaza de Sendero Luminoso estaba ya neutralizada, siguió su represión en contra de todas las formas de resistencia. La lista de los daños colaterales —es decir el asesinato de personas inocentes— continua su recogida de almas dejando detrás suyo un vacío y un silencio lleno de miedo e indignación.
Tal como lo define APRODEH, victima directa del terruqueo desde hace 40 años, el hecho de invalidar quita todo derecho de reconocimiento y cancela la libertad de expresión, fundamento base de la democracia y de los DDHH. Como lo explica Oswaldo Bolo, investigador sobre el terruqueo y colaborador de APRODEH, «el terruqueo también se vincula con toda esta lógica de posverdad y fakenews«. Su comentario nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la memoria histórica y de la historia contemporánea peruana. La desinformación, la distorsión de la información y la apropiación de términos con fines de opresión hacen parte de una política autoritaria que mantiene a la población bajo el miedo y la censura. Aunque pretendemos que los DDHH y las libertades individuales y colectivas que conllevan sean universales, sus aplicaciones reales dependen realmente del contexto en las cuales se quieren implementar. La negación del reconocimiento y de la verdad forman un terreno pantanoso y casi inaccesible para establecer y desarrollar fundamentos sólidos y espacios generadores de alternativas.
Bárbara Torrente autora de este artículo, es voluntaria con APY y el proyecto SHARE, de EU Aid Volunteers en la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Este artículo fue posible con el inmenso apoyo de mis compañerxs de aventura Aarón Gabanes García, Luis Alejandro Mangrane Cuevas y Daisy Lorena Prieto Schuvaighart quienes tuvieron la paciencia a revisar este artículo varias veces y aconsejarme. Y por fin, con la valorada aprobación de Eduardo Cáceres Valdivia – dirección ejecutiva de APRODEH.
SHARE, liderado por ASPEm, cuenta como socios entre otros, con la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción , la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH , ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes , Centro de Promocion de la Mujer Gregora Apaza , Dejavato Foundation , Fundación Munasim Kullakita (Quierete Hermanita) , Ghana Developing Communities Association LGB , Human Supporters Association H.S.A , Jeevan Rekha Parishad , Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement
