Andalucía continúa enfrentando niveles críticos de pobreza y desigualdad que afectan a amplios sectores de la población. Con motivo de recordar que el 17 de octubre es el día internacional de erradicación de la pobreza, esta publicación recoge y entrelaza información de dos informes: el Informe Pobreza y Desigualdad 2025 del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía; el El Estado de la pobreza en Andalucía de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. A través de estos documentos, se dibuja un panorama que exige respuestas urgentes con políticas que partan desde la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
Un territorio marcado por la exclusión y la desigualdad
En 2024, Andalucía presentó la tasa AROPE (At-Risk-Of-Poverty and/or Exclusion) más alta de todas las comunidades autónomas: el 35,6% de su población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque esta cifra ha descendido 1,9 puntos respecto a 2023, sigue siendo la más elevada del país. Desde 2015, la mejora ha sido de 8 puntos, pero aún se está lejos de cumplir el objetivo de la Agenda 2030 de reducir a la mitad la tasa de pobreza. La tasa AROPE es un indicador que mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Una persona se considera AROPE si cumple al menos una de estas tres condiciones: riesgo de pobreza, privación material severa, o baja intensidad de empleo en su hogar
La exclusión social se manifiesta en múltiples dimensiones: bajos ingresos, precariedad laboral, privación material, dificultades habitacionales y desigualdad de género. Andalucía ocupa sistemáticamente los primeros puestos en indicadores como pobreza extrema (12,8%), baja intensidad laboral (12,0%) y pobreza infantil (40,5%).
Los indicadores de desigualdad en Andalucía son estructurales. El 20% más rico gana 5,5 veces más que el 20% más pobre. El ingreso medio por persona es de 12.191 euros, el segundo más bajo del país, y el poder adquisitivo real apenas ha mejorado desde 2008.
Vivienda: epicentro de la precariedad social
La vivienda en Andalucía se ha convertido en un eje de exclusión. Para las personas en situación de pobreza, los gastos de vivienda consumen el 30,1% de sus ingresos, casi el doble que la media general. Además, alrededor del 7,2% de la población andaluza destina más del 40% de su renta disponible a la vivienda.
Desde 2008, la proporción de personas propietarias ha descendido del 80,9% al 78,5%, mientras que el alquiler ha aumentado del 11,1% al 15,2%. El auge del alquiler turístico —un 19% más en 2024— está desplazando a residentes y encareciendo los precios.
Andalucía lidera el número de ejecuciones hipotecarias en España (5.519 en 2024), aunque los desahucios por impago de alquiler han disminuido. La pobreza energética también es preocupante: el 20,3% no puede mantener una temperatura adecuada en invierno, y el 11,2% ha sufrido retrasos en el pago de suministros.
En el caso de los menores, el 19% vive en hogares con pobreza energética y el 17,5% en hogares con retrasos en pagos de vivienda. Estas cifras se agravan en hogares monoparentales, donde más del 59% no puede cubrir gastos inesperados.
En 2024, quienes vivan en viviendas alquiladas a precios de mercado se enfrentarán a tasas de AROPE más altas (45,8%) en comparación con los propietarios de viviendas (31,8%). Del mismo modo, la pobreza extrema es significativamente mayor para los inquilinos (19,5%) que para los propietarios de viviendas (10%)
Género y pobreza: desigualdad que se multiplica
La pobreza en Andalucía tiene un claro sesgo de género. En 2024, la tasa AROPE femenina fue del 37,3%, frente al 33,9% de los hombres, ampliando la brecha a 3,4 puntos porcentuales, la más alta desde 2015.
Las mujeres enfrentan tasas más altas de desempleo, contratos temporales (20,6% frente al 18,6%) y trabajo a tiempo parcial (21,4% frente al 6,4%). El 55% de las mujeres empleadas ganan menos que el salario mínimo interprofesional, y representan el 54,3% de los “mileuristas”.
Andalucía sigue a la cabeza a nivel nacional en cuanto a denuncias por violencia de género, con 40.168 casos denunciados en 2024. Adicionalmente, encabeza la lista del total de víctimas de violencia de género en el país, con 36.905 casos registrados. En el ámbito de la infancia, las niñas presentan tasas más altas de pobreza grave (14,8% frente al 13,8% de los niños), mientras que los niños sufren más privaciones materiales severas (14,8% frente al 11,3%).
Infancia en riesgo: pobreza que vulnera derechos fundamentales
La infancia y adolescencia andaluza se encuentran en una situación alarmante. En 2024, el 36,9% de los menores estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que asciende al 44,9% si se aplica el umbral nacional. En Andalucía, el 13,1% de los menores sufrió graves privaciones materiales y sociales en 2024.
Entre las principales privaciones figuran las siguientes:
- Incapacidad para afrontar gastos inesperados: el 48,4% de los menores viven en hogares que no pueden cubrir los gastos imprevistos
- Falta de oportunidades vacacionales: el 46,4% no puede permitirse una semana de vacaciones anuales fuera de casa
- Condiciones de vivienda inadecuadas: el 19,0% vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada.
En 2024, la tasa AROPE para las personas menores de 18 años en Andalucía era del 36,9% cuando se utilizaba el umbral de pobreza andaluz y del 44,9% cuando se utilizaba el umbral de pobreza español. Por el contrario, la tasa AROPE nacional para los menores en España fue del 34,6%. Esto indica que la tasa AROPE para los menores en Andalucía es superior a la media nacional en España, especialmente si se utiliza el umbral español.
Andalucía presenta la segunda peor tasa de pobreza infantil en España, el cual es el segundo país de la UE con mayor pobreza infantil, tras Bulgaria. Esta realidad exige políticas urgentes que sitúen a la infancia en el centro de la agenda pública.
La pobreza y la desigualdad en Andalucía no son solo una cuestión estadística: son una vulneración sistemática de derechos. Las brechas de ingresos, género, vivienda y empleo configuran un entramado que perpetúa la exclusión. Estos hallazgos enfatizan la necesidad urgente de políticas públicas específicas e integrales que aborden estas disparidades, particularmente para los grupos vulnerabilizados, como la infancia, las mujeres, las personas mayores, las personas migrantes, las personas con discapacidad y quienes viven en contextos de precariedad habitacional o laboral.
Abordar esta realidad requiere políticas valientes, centradas en la justicia social, con enfoque interseccional y perspectiva de derechos humanos. No basta con paliar los síntomas: hay que transformar las causas. Es imprescindible que las instituciones públicas, los agentes sociales y la ciudadanía reconozcan que la pobreza no es una falla individual, sino una consecuencia de estructuras injustas que reproducen privilegios y marginación. La erradicación de la pobreza exige redistribuir recursos, garantizar el acceso universal a derechos fundamentales —como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno— y promover una cultura política que sitúe la dignidad humana en el centro de todas las decisiones.
La infancia andaluza no puede seguir creciendo en contextos que vulneran sus derechos. Las mujeres no pueden continuar enfrentando desigualdades estructurales que limitan su autonomía y seguridad. Las personas mayores, migrantes y racializadas no deben seguir siendo invisibilizadas en las políticas públicas. La justicia social no es una opción: es una urgencia ética.
Es posible construir un modelo de convivencia más justo, inclusivo y solidario. Para ello, es necesario escuchar las voces de quienes viven la exclusión, reconocer sus saberes y experiencias, y generar espacios de participación real en la construcción de políticas transformadoras. Desde las ONGD seguimos impulsando proyectos de cooperación y educación para el desarrollo que ataquen estos problemas desde la raíz.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad no puede desligarse de la defensa activa de los derechos humanos. Solo desde un compromiso colectivo, sostenido y radicalmente inclusivo, podremos avanzar hacia una Andalucía donde todas las personas vivan con dignidad, sin miedo y con oportunidades reales de desarrollo personal y comunitario.
