Esmeraldas, Ecuador – 24 de marzo de 2025 – La provincia de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador, se enfrenta a una grave emergencia ambiental y social tras un significativo derrame de petróleo. La catástrofe ambiental, ocurrida el pasado 13 de marzo, ha provocado la contaminación del río Esmeraldas y sus afluentes, afectando directamente a miles de familias y generando una crisis de acceso al agua potable y alimentos.
¿Qué dicen que pasó?*
La causa del derrame petrolero ha sido motivo versiones contradictorias entre las autoridades. Roberto Concha, gerente de Petroecuador, sostiene que el incidente fue provocado por un deslizamiento de tierra ocasionado por las intensas lluvias en la región. Según su explicación, el movimiento de tierra habría expuesto el oleoducto del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano), inicialmente enterrado, hasta que este cedió por el impacto del material arrastrado. Por otro lado, la ministra de Energía, Inés Manzano, ofrece una versión distinta y más polémica: atribuye el accidente a un supuesto sabotaje.
El uso de la palabra «sabotaje» no es nuevo en el discurso oficial del Gobierno ecuatoriano. En crisis anteriores, esta explicación ha sido empleada para justificar eventos como los cortes eléctricos inesperados, ocurridos tras semanas de garantías oficiales de que no habría apagones. Además, se utilizó esta narrativa para abordar el aumento en los índices de violencia. La insistencia en señalar un sabotaje como la causa del derrame ha generado más cuestionamientos sobre la transparencia y manejo de la crisis, especialmente entre quienes critican el retraso en garantizar agua potable para los afectados,
La ruptura de una tubería del SOTE liberó miles de barriles de crudo que contaminaron más de 80 kilómetros de ríos y manglares, afectando gravemente a comunidades locales y ecosistemas frágiles. Si bien la empresa estatal Petroecuador no ha precisado la cantidad exacta de crudo vertido pero la magnitud del desastre ha llevado a las autoridades a declarar la emergencia ambiental y sanitaria en la zona. Por otra partes, en declaraciones, el alcalde de río Verde, Joffre Quintero, señaló que «se han regado alrededor de 200.000 barriles de petróleo».
Impacto Devastador en Comunidades y Ecosistemas
El petróleo se ha extendido rápidamente, tiñendo de negro ríos como el Viche y el Caple, y alcanzando finalmente el río Esmeraldas, fuente principal de agua para potabilización de los cantones de Río Verde, Atacames y Esmeraldas. Comunidades enteras se han quedado sin acceso al agua potable, dependiendo ahora del suministro a través de tanqueros. A su vez, en la prensa nacional se ha señalado como unas 4500 familias de estas parroquias rurales de Quinindé están afectadas por el derrame de petróleo ante la contaminación de ríos y plantaciones.
De acuerdo a Eduardo Rebolledo, biólogo marino, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Esmeraldas, quien ha estado evaluando los daños, el derrame de petróleo afectó el estado químico y ecológico del agua, volviéndola tóxica y dañando sistemáticamente la biodiversidad. Se han observado riberas y vegetación impregnadas, aves manchadas y ausencia de peces. Señaló que el impacto no es solo superficial: el petróleo se mezcla con el agua y afecta el plancton, corales, crustáceos y más. Su degradación por bacterias marinas puede tardar semanas o años, dependiendo de las condiciones del entorno.
Se ha suspendido el suministro de agua potable, afectando a las localidades Quinidé, Esmeralda y Río Verde. La contaminación ha afectado cultivos de cacao y fuentes de agua potable, dejando a miles de personas sin acceso a recursos básicos. La pesca artesanal, esencial para la economía local, está casi paralizada. Las familias de pescadores y las comunidades costeras enfrentan pérdidas económicas y alimentarias graves.
Por otra parte, Rebolledo señala que el deslizamiento de tierra asociado al derrame está vinculado a la pérdida de bosques reemplazados por cultivos comerciales, alterando la estabilidad del suelo. Añadió que el sistema de oleoductos construido en 1972 sufre de fatiga de materiales y falta de mantenimiento, lo que ha derivado en múltiples incidentes a lo largo de los años. También alertó que la falta de investigación y datos estadísticos sobre biodiversidad y pesca ha impedido prevenir y mitigar los impactos pues desde 2018, no se financian investigaciones públicas, limitando gravemente el entendimiento del territorio
Reacciones
Organizaciones como la Unión de Afectadas y Afectados por Texaco (UDAPT) o La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha reaccionado con firmeza ante el desastre, exigiendo acciones inmediatas y transparentes para mitigar los daños y sancionar a los responsables.
Estos incidentes revelan un patrón de desidia ambiental, donde las comunidades más vulnerables son las que sufren las peores consecuencias de la actividad extractiva. Este desastre no solo evidencia los impactos ambientales y sociales inmediatos, sino también fallos estructurales y políticos en la gestión de recursos e infraestructura.
El derrame petrolero en Esmeraldas pone de manifiesto la urgencia de fortalecer la regulación y el control de las actividades extractivas en el país, así como la necesidad de garantizar los derechos de las comunidades locales y la protección del medio ambiente. La respuesta del gobierno y la justicia a este desastre serán cruciales para sentar un precedente y evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
Nada nuevo bajo el sol
Lamentablemente, las consecuencias del extractivismo petrolero no son algo sorpresivo, novedoso o inesperado. Son muchos años de afecciones y devastación derivadas del modelo de hidrocarburos. La lucha de las Guerreras por la Amazonía contra los mecheros así como la de la Unión de afectados y Afectadas por Texaco son el vivo ejemplo de pueblos y comunidades que reclaman justicia ante las desigualdades socio-ambientales derivadas del extractivismo. Por su parte, desde los poderes estatales se sigue marginando las luchas por la justicia y dignidad de los afectados, negándoles su derecho a la justicia. Muestra de ello es la declaración del Presidente Noboa durante el debate presidencial donde señaló que “Tenemos que pagar 2.000 millones de dólares a Chevron”, lo que afianza la política de impunidad corporativa derivada del Laudo Arbitral y la firma del decreto 501.
En la Amazonía ecuatoriana el extractivismo ha dejado una marca indeleble en sus habitantes. Cada día personas de todas las edades luchan contra afecciones graves relacionadas a la actividad petrolera, además de vivir una odisea para intentar conseguir los tratamientos necesarios. La falta de medicamentos y la inacción estatal solo agravan esta crisis. En la región, múltiples informes revelan la correlación entre la actividad petrolera y la mortalidad infantil, asociada a cáncer, leucemia, malformaciones, y desnutrición. También, muchas mujeres han tenido complicaciones de embarazo, preeclampsia o altas tasas de abortos.
Debido a que muchas de las afectadas no pueden aliviar el dolor porque los medicamentos y tratamientos son escasos o están fuera de su alcance, lanzamos la campaña SALUD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, destinada a ayudar con diversos gastos médicos para los y las afectadas, y así apoyar a la UDAPT en su lucha por la justicia socio-ambiental.
Te invitamos a colaborar con nosotras en esta lucha intensa por la dignidad
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