Su presidente, Héctor Rivero, y nuestra compañera, Miriam Martínez, vocal de cooperación descentralizada han instado a la Comisión para que el proyecto de Ley de los Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2021 cumpla con los compromisos adquiridos con la política pública de cooperación y no continúe en su trayectoria de recortes.
Buenas tardes.
Señorías, desde la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo quisiéramos agradecer a esta Comisión la convocatoria a comparecer para valorar la propuesta de Ley de Presupuestos para 2021, dando así la oportunidad de traer al Parlamento de Andalucía la voz de las más de 345 mil andaluzas y andaluces socias de las 73 organizaciones que conformamos la Coordinadora, así como de los más de 21 millones de personas destinatarias de la política andaluza de cooperación para el desarrollo.
Lo primero que tenemos que hacer es mostrar nuestra solidaridad con todas las personas que siguen sufriendo las consecuencias de la COVID-19 y con las que se mantienen en la primera línea de cuidados sanitarios y sociales. Tanto las que viven aquí como las que viven en otros países, puesto que si algo nos está reafirmando esta crisis, más que otras, es el hecho de que vivimos en un mundo interconectado.
No podemos obviar la interdependencia y la ecodependencia que existe entre todas las latitudes ya que, como venimos anunciando desde mucho tiempo atrás, lo que ocurre en el Norte Global tiene relación con lo que ocurre en el Sur Global y viceversa.
Ante la propuesta del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021, la Coordinadora defiende que los presupuestos deben reforzar las políticas destinadas a los sectores más afectados por la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia de la COVID-19. Puesto que gran parte de ellos están gestionados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la dotación económica para las materias que son de su competencia debería ampliarse en la próxima Ley de Presupuestos, entre ellas, el presupuesto de la política pública de cooperación.
Justo cuando tenemos que atender a la devastación socioeconómica que la pandemia está dejando, la partida destinada a la cooperación vuelve a ser recortada. Las implicaciones del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para la aprobación de los próximos presupuestos de la comunidad van más allá del ejercicio económico de un año. Definen, están definiendo ya a lo largo de esta legislatura, qué valores nos definen como pueblo. Y si el objetivo es dar la espalda al espíritu solidario de las andaluzas y los andaluces, que incluso en los peores momentos de la última década ha mantenido y aumentado su respaldo económico a las ONG de Desarrollo, estos presupuestos lo están haciendo de maravilla. Si el objetivo es actuar de espaldas a los valores que nos preocupan, que nos mueven —ayer eran las acampadas por el 0’7, hoy evolucionan hacia los movimientos feministas, contra el cambio climático, de apoyo a las personas migrantes y todos aquellos que entienden la necesidad de actuar globalmente desde Andalucía para que la humanidad sea precisamente eso, un valor que no atiende a las fronteras—, les doy nuestra enhorabuena. Hoy por hoy, queda claro que quien es insolidaria en Andalucía no es la ciudadanía, lo es su clase política.
Les pido que visualicen un momento nuestro escudo, y pongan su atención en la leyenda “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”. Esa frase no está ahí por casualidad. Está ahí porque en el proceso de creación de la identidad andaluza hemos entendido, a lo largo de los años, que nos define. Una política que construye desde la miopía, que se aprovecha del miedo razonable de las personas que ven empeoradas su condiciones de vida para inocularles el rechazo y el odio al otro, como si eso fuera la solución a sus males, no sólo es injusta e insolidaria, sino que atenta al principio más importante de la identidad andaluza.
Invertir en cooperación es conectar con el sentir mayoritario de la sociedad y apostar por una mayor resiliencia democrática, haciendo de la solidaridad internacional un elemento de cohesión y de antídoto frente a los discursos de odio y frente al avance de los fundamentalismos. Si no les mueven otros valores, que sea al menos un sentido estratégico. La cooperación internacional ha sido durante muchos años la mejor carta de presentación de Andalucía en el exterior. Debería seguir siéndolo, pero desde el sentido de la justicia social.
Volvamos a la partida de Ayuda Oficial al Desarrollo: la propuesta de 38 millones que suman los fondos gestionados por la propia AACID y los de las fundaciones públicas englobados en la promoción de la cultura de paz dependientes de la Consejería de Presidencia, suponen tan sólo el 0,09% del Presupuesto General de la Junta de Andalucía para el 2021. Déjenme decirlo de una forma aún más clara: la Ayuda Oficial al Desarrollo supone 4,5 euros por cada andaluz y andaluza.
Estas cifras menguan todavía más si tenemos en cuenta los tres millones que se restaron la semana pasada del presupuesto de la AACID. Este no es un presupuesto digno de Andalucía, ni de la trayectoria de nuestra Comunidad en la cooperación internacional. Pero aún más indigno es justificar que se hace para dotar de más fondos al Banco de Alimentos. Es responsabilidad del Gobierno Andaluz discernir qué tipo de políticas requieren de mayor inversión pública: tanto en Andalucía como en los países con los que coopera la comunidad se han incrementado las situaciones de precariedad y en ambos casos se requiere de un mayor esfuerzo para combatir la pobreza; pero la solución no pasa por quitar a unos para reforzar a otros. Sí, más bien, por dejar claro si para Andalucía es prioritario combatir una crisis humanitaria o apoyar actividades taurinas o vinculadas a la caza. O invertir en la criminalización de los menores extranjeros no acompañados que tutela nuestra comunidad.
Me gustaría recordarles a sus Señorías que la política de cooperación está consagrada en nuestro Estatuto de Autonomía, cuando define como objetivos básicos de la comunidad autónoma «La cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos» (artículo 10.23) y «El fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos» (artículo 10.22).
La Cooperación para el Desarrollo es por tanto un mandato estatutario recogido en el Capítulo V del Título IX, artículos 245 y siguientes, de nuestro Estatuto de Autonomía.
Contamos con una Ley de Cooperación propia desde 2003; estamos ya acabando el primer año de vigencia del tercer Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo del que se ha dotado el Gobierno Andaluz como marco de referencia de su política pública. Todos los planes han incumplido su compromiso presupuestario, pero es que el actual se comprometía a bien poco: que la AOD creciera al menos en la misma proporción que el conjunto de los presupuestos de la comunidad.
La solidaridad es un principio multidireccional: no es lógico reclamar, justamente, que Andalucía se beneficie de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, apelando no sólo a la solidaridad entre países, sino también a un reparto equitativo entre comunidades dentro de España; y a la vez negar ese principio cuando es Andalucía la que, desde su política pública, debe por mandato y por justicia colaborar con países con sistemas de respuesta más precarios, que se han visto afectados en mayor medida por la pandemia.
Señorías, durante 2020, las ONG de desarrollo andaluzas —el principal agente de la cooperación en la comunidad— hemos redoblado esfuerzos, adaptando nuestro trabajo para responder al impacto sanitario y socioeconómico de la COVID-19, en sectores clave como la salud, agua e higiene, género e infancia, educación, agricultura y seguridad alimentaria o empleabilidad y medios de vida.
Y lo hemos hecho con recursos preexistentes y gracias a una larga presencia y trayectoria en Andalucía y en los países del Sur, construida a lo largo de muchos años de experiencia, para abordar los factores estructurales que crean una grave situación de vulnerabilidad entre determinados colectivos y países, para quienes el coronavirus constituye otro problema más, puesto que el año en que más falta hacía la financiación pública, las convocatorias de subvenciones destinadas a apoyar proyectos de cooperación se han visto recortadas drásticamente. Así lo hemos podido ver en la recientemente publicada resolución provisional de subvenciones a ONGD de la Agencia Andaluza de Cooperación, que frente a los casi 26 millones comprometidos del año 2019, en el año 2020 y en plena pandemia de la COVID ha asignado tan solo 15 millones de euros, dejando sin financiar prácticamente tres cuartas partes de las propuestas que cumplían todos los requisitos para ser beneficiarias a causa de esta insuficiente dotación presupuestaria actual.
La ciudadanía es consciente de este esfuerzo, como lo demuestra el resultado difundido este mes de la última encuesta del CIS, enfocada en la pandemia. Las ONG y asociaciones de ayuda son la institución que recibe una mejor valoración entre las personas encuestadas: más del 60% señala que ha mejorado su opinión sobre ellas ante su actuación frente a la crisis de la COVID-19.
Si nos miramos en el espejo de otras comunidades, podemos comprobar cómo Cantabria, La Rioja, Baleares o la Comunidad Valenciana sí han aumentado su AOD en los presupuestos para el próximo año. Se trata, por tanto, de una cuestión de voluntad política.
Por todo ello, Señorías, creemos que la política andaluza de cooperación no se merece estos presupuestos, unos presupuestos del todo insuficientes para atender la crisis derivada de la COVID-19 en países en los que es un factor que exacerba una situación ya grave. No podemos dejar de lado el trabajo en curso en estos contextos para abordar exclusivamente el aspecto sanitario de esta pandemia, ya que vemos cómo las necesidades humanas son múltiples y la prevalencia y gravedad de los efectos del coronavirus son mayores allí donde las condiciones de vida de las personas son más precarias.
Lecciones aprendidas de crisis anteriores nos han enseñado bien las peligrosas consecuencias de tener una mirada centrada en un solo problema. El brote de ébola de 2014-2016, por ejemplo, mató a casi el doble de personas de lo que se pensaba, al desviar recursos de enfermedades como la malaria, el VIH y la tuberculosis. Mientras que unas 11.316 personas murieron por el ébola, otras 10.623 personas murieron por otras enfermedades debido al impacto del brote en los sistemas locales de salud. Desviar recursos de un problema para tratar otro tiene consecuencias reales y dolorosas.
La atención a emergencias como la derivada de la actual pandemia no debe descuidar el abordaje integral de las necesidades humanas, tanto sanitarias como económicas y sociales, ni, por supuesto, de los ejes transversales del desarrollo, especialmente la protección medioambiental, la promoción de la equidad de género y el enfoque de derechos.
Es con este propósito que comparecemos aquí hoy, para insistirles en el valor de la política de cooperación andaluza, y para instarles mejorar la dotación presupuestaria destinada la misma en 2021.
Muchas gracias.
