La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 dejó un saldo devastador: 229 personas fallecidas, miles de viviendas afectadas y comunidades enteras desbordadas. Pero más allá de los datos, la DANA registrada en Valencia reveló una verdad incómoda: los desastres no afectan a todos por igual. Las personas en situación de pobreza, migrantes, sin acceso a vivienda digna o con empleos precarios fueron las más golpeadas
Más allá de la destrucción inmediata y de la pérdida de vidas humanas, este episodio reveló la profundidad de una crisis estructural de vivienda y la fragilidad de los mecanismos institucionales para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas. En este escenario, las organizaciones de cooperación internacional y las entidades sociales desempeñaron —y continúan desempeñando— un papel clave no solo en la asistencia y reconstrucción, sino también en la denuncia de las causas estructurales y en la defensa del derecho a una vida digna y a una vivienda adecuada.
La cooperación como actor esencial frente al riesgo climático
Las organizaciones de cooperación agrupadas en la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), han insistido en que los fenómenos como la DANA no deben considerarse hechos imprevisibles, sino manifestaciones de una crisis climática global que exige respuestas políticas contundentes. En un artículo publicado por la CVONGD , la Coordinadora alertó sobre la necesidad de fortalecer la preparación institucional, invertir en prevención y garantizar que los planes de reconstrucción no repitan los errores del pasado. Su planteamiento trasciende el ámbito técnico: se trata de situar la justicia climática y social en el centro de la respuesta. La falta de políticas públicas de prevención y justicia climática agrava estos impactos. Es necesaria una planificación urbana que respete los derechos humanos y priorice a las personas más vulnerables.
Desde el inicio de la emergencia provocada por la DANA, la Coordinadora Valenciana de ONGD ofreció sus capacidades técnicas, humanas y logísticas a las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de contribuir a una respuesta eficaz y centrada en las personas. Sin embargo, desde el primer momento, la Coordinadora insistió en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre entidades sociales, servicios públicos y responsables políticos, una demanda que no fue atendida adecuadamente. Esta falta de articulación dificultó una gestión integral de la crisis y prolongó el sufrimiento de las comunidades afectadas.
Además, el sector de la cooperación participó activamente en la elaboración del Plan de Reconstrucción impulsado por la Generalitat Valenciana, aportando propuestas desde su experiencia en derechos humanos y trabajo comunitario. No obstante, persiste una preocupación sobre su implementación. Tal como señala Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora, el plan debe contar con recursos suficientes para cumplir sus objetivos, y sobre todo, debe colocar en el centro el bienestar físico, emocional y social de las personas damnificadas, especialmente aquellas que ya vivían en condiciones de exclusión antes del desastre.
En ese sentido, la reconstrucción no debe limitarse a las infraestructuras, sino ha de promover justicia social, reparación emocional y participación comunitaria. Las organizaciones de cooperación, por nuestra trayectoria en contextos de vulnerabilidad, somos actores clave para exigir y garantizar que las políticas públicas post-DANA no reproduzcan desigualdades, sino que contribuyan a superarlas.
La crisis climática y la emergencia habitacional como resultado de decisiones políticas y urbanísticas que amplifican desigualdades
El informe de Amnistía Internacional España, titulado “Llueve sobre mojado: la DANA, impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda” (octubre de 2025), constituye una de las aportaciones más completas para comprender la dimensión de esta tragedia. El documento expone con rigor cómo el derecho a la vivienda en la Comunidad Valenciana ya se encontraba debilitado antes del desastre y cómo la gestión posterior ha perpetuado esa vulnerabilidad.
Según el informe, la devastación no fue únicamente producto de un fenómeno meteorológico extremo, sino de un modelo de urbanización que permitió —y continúa permitiendo— construir en zonas inundables, sin medidas de adaptación al cambio climático. La organización denuncia que, un año después, ni la Generalitat Valenciana ha revisado el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundación), ni el Estado ha actualizado la normativa nacional sobre gestión del riesgo. La inacción institucional, señala el informe, convierte a la DANA en un espejo de las carencias estructurales del sistema de vivienda y de planificación territorial.
La magnitud de las cifras subraya la gravedad del problema: más de 15.000 viviendas afectadas, miles de familias desplazadas y un parque público de vivienda social prácticamente inexistente en los municipios más dañados —Torrent, Aldaia, Paiporta o Catarroja—, donde las ayudas ofrecidas se consideran insuficientes y de difícil acceso. La ayuda máxima de 800 euros mensuales ofrecida por la Generalitat resultó claramente inadecuada frente al incremento del precio de los alquileres, que llegó a aumentar un 18 % tras la catástrofe.
Por otra parte, Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, ha advertido que ante la persistencia de discursos negacionistas en sectores políticos, resulta urgente implementar medidas firmes y estructurales para enfrentar la crisis climática. Esta emergencia está detrás de fenómenos cada vez más destructivos como la DANA, los incendios forestales intensificados y otros eventos extremos que ya están afectando —y lo harán aún más en el futuro— a la Comunitat Valenciana, una de las regiones más vulnerables del Estado español frente a los impactos del cambio climático. La afirmación de Asensi se alinea con el diagnóstico institucional recogido en la plataforma AdapteCCa, donde se reconoce que la Comunitat Valenciana enfrenta amenazas climáticas graves como el aumento de temperaturas, la reducción de precipitaciones, la erosión costera y la intensificación de fenómenos extremos. Esta vulnerabilidad se ve agravada por factores estructurales como la urbanización en zonas inundables, la presión sobre los recursos hídricos y la desigualdad territorial. Así pues, la emergencia no puede abordarse únicamente desde la gestión de riesgos: requiere una transformación profunda del modelo de desarrollo, que incorpore la justicia climática, la participación comunitaria y la protección de los colectivos más expuestos.
Desigualdad, exclusión y discriminación: el rostro humano del desastre
La CVONGD ha denunciado que “miles de personas que lograron la regularización extraordinaria debido a la DANA podrían perderla”, evidenciando cómo la falta de estabilidad jurídica multiplica la precariedad de quienes ya se encontraban en situación vulnerable. La regularización temporal impulsada tras la DANA benefició oficialmente a unas 25.000 personas, aunque Oxfam Intermón estima que el número real de personas extranjeras en situación administrativa irregular que residían en las zonas afectadas superaba las 40.000 en octubre de 2024. Las primeras resoluciones de regularización comenzaron a emitirse en mayo de ese mismo año. Las personas migrantes, las mujeres cabeza de hogar y las familias con menos recursos han sido las más perjudicadas. Amnistía Internacional estima que unas 60.000 personas migrantes, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados, sufrieron las consecuencias directas de las inundaciones, pero muchas quedaron fuera de los registros administrativos por carecer de empadronamiento o documentación regularizada.
Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de OXFAM Intermón, señala que muchas de estas personas trabajaban previamente sin contrato. Al obtener sus documentos, se enfrentaron a la negativa de sus empleadores a formalizar la relación laboral, evitando así asumir obligaciones legales como la cotización a la Seguridad Social. Esta situación revela una dinámica de explotación laboral que persiste incluso tras la regularización, y que limita el acceso efectivo a derechos laborales. Oxfam también ha denunciado que estos colectivos enfrentan barreras aún más severas que el resto de la población en el acceso a la vivienda. El encarecimiento descontrolado de los alquileres está empujando a muchas familias a vivir en condiciones de hacinamiento, lo que agrava su vulnerabilidad y pone en riesgo su salud y bienestar.
Este fenómeno revela la dimensión social del cambio climático: los desastres naturales amplifican las desigualdades estructurales. Las personas con menos recursos son las más expuestas a vivir en zonas de riesgo y las que más dificultades enfrentan para recuperarse.
Un compromiso con la justicia climática y social
La DANA de Valencia nos continua mostrando que no se trata solo de gestionar emergencias, sino de repensar un modelo económico y urbano que coloca a miles de personas en una situación de riesgo permanente. Las organizaciones de cooperación internacional, al situar los derechos humanos en el centro de su acción, recordamos que la reconstrucción no debe medirse en metros cuadrados edificados, sino en la capacidad colectiva de garantizar vidas seguras, dignas y sostenibles.
La defensa del derecho a la vivienda, la prevención ante el cambio climático y la atención a las personas más vulnerables son pilares que deben integrarse en toda política pública. De lo contrario, cada nuevo episodio extremo —cada nueva DANA— volverá a mostrar que no se trata de catástrofes naturales, sino de consecuencias previsibles de decisiones humanas.
No basta con responder a las emergencias: es necesario transformar las estructuras que generan vulnerabilidad. Desde las organizaciones de cooperación seguimos insistiendo que es necesario articular respuestas basadas en derechos, participación y justicia social.
Frente a la crisis climática, la exclusión habitacional y la precariedad migratoria, desde nuestra Fundación seguiremos ejerciendo «solidaridad en acción».
Visualizando la solidaridad
La organizacióon Farmamundi ha realizado el documental “La solidaridad que lo hizo posible. Historias de reconstrucción tras la DANA». El documental recoge los testimonios de personas que vivieron en primera línea la catástrofe provocada por la DANA y que participaron activamente en la respuesta humanitaria desde el inicio. Entre ellas se encuentran figuras como Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar; Javier Martí, farmacéutico de Paiporta cuya farmacia, devastada por el temporal, se convirtió en un punto de referencia comunitario; Sara Valverde, presidenta de Farmamundi; Humu Isaah, vecina afectada de Alfafar; e Inma Martínez, madre de un niño con autismo que aún lucha por recuperar la estabilidad tras el trauma vivido.
La pieza audiovisual pone en valor la capacidad de resiliencia colectiva, mostrando cómo, a partir del dolor y la pérdida, las comunidades afectadas han sabido organizarse, reconstruir sus espacios y sostenerse mutuamente. Además, subraya el papel esencial del personal sanitario, que en los primeros días tras la emergencia ofreció atención directa en condiciones precarias, demostrando un compromiso ejemplar con la salud pública y el cuidado comunitario.
Puedes ver el documental en el siguiente enlace:
