Hoy, Día Internacional Contra el Cambio Climático, recordamos que uno de los territorios claves para mitigar el cambio climático es el Amazonas, región peligrosamente amenazada por un modelo extractivista.
El problema del cambio climático se acrecienta. En 2024, la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera alcanzó un nuevo récord histórico, con un aumento de 3,5 partes por millón (ppm) respecto al año anterior. Este ha sido el mayor incremento anual desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957. En dicho escenario, la Amazonía como inmenso bioma, que abarca nueve países y alberga más del 10% de la biodiversidad mundial, está al borde de un colapso ecológico. Y no es una exageración.
Un bosque que se seca: el avance del colapso
Históricamente, la Amazonía ha funcionado como un sumidero de carbono, almacenando entre 150 y 200 mil millones de toneladas de CO₂. Sin embargo, un estudio publicado por nature «How climate change and deforestation interact in the transformation of the Amazon rainforest» muestra que partes del bosque han comenzado a emitir más carbono del que absorben, especialmente en las regiones del este y sureste, donde la deforestación es más intensa.
También, según otro estudio publicado en Nature, al menos el 10% de la Amazonía podría transformarse en un ecosistema más seco y degradado para el año 2050. Esto significa que grandes extensiones de selva podrían convertirse en sabanas o bosques abiertos, con menos capacidad para almacenar carbono, menos biodiversidad y mayor vulnerabilidad al fuego.
Ya hay señales claras de que el bosque está cambiando. Regiones de Guyana, Venezuela, Colombia y Perú muestran patrones de degradación acelerada, con temperaturas más altas, lluvias menos frecuentes y eventos extremos como incendios forestales cada vez más comunes.
WWF advierte que el 18% de los bosques amazónicos se ha perdido por completo y otro 17% está degradado. Esta destrucción no solo afecta a la flora y fauna, sino también a las 47 millones de personas que dependen directamente del bosque, incluyendo 511 pueblos indígenas.
El punto de no retorno: una cuenta regresiva
El “punto de no retorno” se refiere al momento en que la Amazonía pierde su capacidad de regenerarse como selva tropical. A partir de ese umbral, el bosque se convierte en una fuente neta de emisiones de carbono, en lugar de un sumidero.
Según el informe Planeta Vivo 2024 publicado por la organización WWF, en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres, este punto podría alcanzarse en apenas 10 años si no se detiene la deforestación. Y no se trata solo de un problema local. La Amazonía almacena entre 367 y 733 gigatoneladas de CO₂. Su colapso tendría consecuencias globales, afectando el equilibrio climático, los patrones de lluvia y la seguridad alimentaria en otras regiones del planeta. En dicho informe se señala:
En el Amazonas, la deforestación y el cambio climático están provocando una reducción de las precipitaciones, y podría alcanzarse un punto de inflexión en el que las condiciones ambientales se vuelvan inadecuadas para la selva tropical, con consecuencias devastadoras para las personas, la biodiversidad y el clima global. Un punto de inflexión podría estar en el horizonte si solo se destruyera el 20-25 % de la selva amazónica —y se estima que ya se ha deforestado un 14-17 %—.
Además, estudios recientes han demostrado que la deforestación amazónica está vinculada al calentamiento climático a larga distancia. Es decir, lo que ocurre en la selva tiene repercusiones en lugares tan lejanos como Europa, Asia o América del Norte.
Narcotráfico y crimen organizado: la selva como territorio disputado
La Amazonía también se ha convertido en un escenario de disputa geopolítica y criminal. Según el World Resources Institute (WRI), el crimen organizado —incluido el narcotráfico— está expandiendo su presencia en la región, aprovechando la débil gobernanza, la corrupción y la ausencia de políticas públicas efectivas.
Grupos criminales están ocupando territorios estratégicos para el cultivo de coca, el procesamiento de drogas y el tráfico de armas, personas y recursos. Esta expansión no solo implica violencia directa contra comunidades indígenas y defensores ambientales, sino también una aceleración de la deforestación, ya que se talan bosques para abrir rutas clandestinas, construir pistas de aterrizaje y establecer campamentos.
Como refiere WRI, las actividades criminales vinculadas a la agricultura, la tala, la minería y la apertura de caminos son la causa principal de los incendios provocados por el hombre en el Amazonas. Esto se confirma con un análisis reciente de datos gubernamentales del Brasil, el cual determina que el 91% de la pérdida de bosque en la parte brasileña de la Amazonía proviene de acciones ilegales. Estas operaciones, como el despeje de tierras para agricultura o minería, suelen estar orquestadas por redes criminales internacionales muy organizadas.
Este fenómeno revela cómo el abandono estatal y la impunidad permiten que distintos actores se apropien de territorios que deberían estar protegidos. Adicionalmente, la criminalización de líderes indígenas, el debilitamiento de las instituciones ambientales y la falta de inversión en alternativas económicas sostenibles crean un vacío que el crimen organizado ocupa con rapidez.
Minería ilegal: el oro que envenena la selva
Uno de los motores más destructivos de la deforestación amazónica es la minería ilegal del oro. Aunque muchas veces se presenta como una actividad artesanal o de subsistencia, sus impactos ecológicos y sociales son devastadores. Según un artículo publicado por Amazon Frontlines, esta práctica ha proliferado en las últimas dos décadas, impulsada por la demanda global de oro y los altos precios del mercado, que superan los 60 dólares por gramo.
La minería de oro a pequeña escala utiliza mercurio para separar el metal de los sedimentos. Este proceso, conocido como amalgamación, libera enormes cantidades de mercurio al ambiente. Solo en Ecuador, se estima que se vierten anualmente unas 29.6 toneladas de mercurio, suficiente para contaminar millones de cuerpos de agua. El mercurio es una neurotoxina extremadamente peligrosa que se acumula en la cadena alimentaria, afectando especialmente a las comunidades indígenas que dependen del pescado como fuente principal de proteína.
Los efectos sobre la salud son alarmantes: daños neurológicos, problemas renales, inmunológicos y cognitivos, especialmente en niños y mujeres embarazadas. Además, muchas veces estas actividades se desarrollan con el consentimiento tácito —o incluso el respaldo— de actores estatales y corporativos que se benefician del extractivismo.
Comunidades indígenas: guardianes del bosque
Frente a esta crisis, las comunidades indígenas han demostrado ser los principales defensores de la Amazonía. No solo porque la habitan, sino porque la entienden como un territorio sagrado, interconectado, y no como una mercancía.
Diversos estudios han demostrado que los territorios indígenas presentan menores tasas de deforestación y mayor biodiversidad. Esto no es casualidad: sus prácticas de manejo del bosque, basadas en el respeto, la reciprocidad y el conocimiento ancestral, son mucho más sostenibles que las políticas estatales o empresariales.
La iniciativa 80×25, impulsada por COICA y WWF, propone proteger al menos el 80% de la Amazonía para 2025. Esto implica reconocer legalmente los territorios indígenas, detener la deforestación comercial y financiar programas de restauración ecológica. Pero también implica cambiar el paradigma y empezar a reconocer a los pueblos indígenas como aliadas fundamentales en la lucha contra el cambio climático.
Frente al riesgo inminente de que la Amazonía alcance un punto de no retorno en apenas una década, las soluciones deben ser estructurales. No se trata solo de plantar árboles o reducir emisiones: se trata de transformar el modelo que ha llevado al mayor bosque tropical del planeta al borde del colapso. Estas son algunas acciones concretas respaldadas por estudios y organizaciones especializadas:
- Detener la deforestación comercial y restaurar el bosque degradado. Según WWF, el 18% de la Amazonía ya se ha perdido y otro 17% está degradado. Para revertir esta tendencia, se necesita restaurar al menos el 5% del bosque destruido y detener la expansión de actividades extractivas como la agroindustria y la minería ilegal.
- Crear nuevas áreas protegidas con participación comunitaria. Nature señala que el 10% de la Amazonía podría convertirse en un ecosistema más seco y degradado para 2050. Para evitarlo, se requiere ampliar las zonas de conservación, pero no como espacios vacíos de gente, sino como territorios gestionados por las comunidades que los habitan.
- Financiar la transición hacia economías locales sostenibles. La deforestación está impulsada por un modelo económico que prioriza el lucro y la extracción masiva a corto plazo. Cambiar esta lógica implica invertir en alternativas que respeten el bosque, como el ecoturismo, la agroecología y los sistemas alimentarios tradicionales.
- Promover la educación ambiental y el respeto por la diversidad cultural. La lucha contra el cambio climático no puede desvincularse de la justicia social. Reconocer el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y fomentar una cultura de respeto hacia la naturaleza son pasos fundamentales para construir un futuro sostenible.
La UDAPT, un ejemplo de resistencia en la Amazonía Ecuatoriana
Entre 1964 y 1992, la petrolera Texaco —hoy Chevron— vertió más de 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en ríos, suelos y fuentes de agua del Ecuador. Es uno de los mayores desastres ambientales de América Latina, provocando consecuencias devastadoras: cáncer, malformaciones congénitas, abortos, afecciones respiratorias y una profunda crisis sanitaria. En la Amazonía ecuatoriana, solo en 4 cantones de las provincias de Sucumbíos y Orellana, hay por lo menos 531 casos de personas con cáncer diagnosticado. La causa primaria de esta enfermedad catastrófica es la contaminación petrolera de las transnacionales y de la empresa estatal Petroecuador.
En dicho contexto, en 1992 nació la UDAPT —Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco— . Llevan más de 30 años de resistencia, de litigios, de organización comunitaria, de exigencia de justicia para las comunidades indígenas y colonas afectadas. La UDAPT Es una organización sin fines de lucro que representa a comunidades pertenecientes a 6 nacionalidades indígenas (Waroani, Siekopai, Siona, A’I Kofan, Shuar y Kichwa) y cerca de 80 comunidades colonas/campesinas asentadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana ubicadas en la Amazonía ecuatoriana.
La UDAPT acusó a Texaco de verter millones de galones de desechos tóxicos, lo que provocó graves daños ambientales y afectaciones en la salud de las comunidades locales. El caso ha sido uno de los litigios ambientales más prolongados; aunque Chevron fue condenada a pagar una indemnización, la empresa ha negado su responsabilidad. En 2011 lograron una sentencia histórica en Ecuador que condena a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por los daños causados. Sin embargo, la ejecución de esa sentencia ha sido bloqueada por maniobras legales y políticas que evidencian la fragilidad de los sistemas de justicia frente a los intereses corporativos.
Desde APY, junto a la UDAPT, decidimos ejercer lo que llamamos “Solidaridad en Acción”. Así nació SALUD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, un esfuerzo colectivo para acompañar a las víctimas del petróleo. Es una campaña a través de la que esperamos recaudar 10.000 € para, apoyar distintas gestiones médicas que necesitan las comunidades de la Amazonía Ecuatoriana para aliviar su sufrimiento. Colabora con nuestra campaña entrando a VICTIMASDELPETROLEO.ORG.
En la actualidad, en la terrible coyuntura política que se vive en el Ecuador, esta organización esta siendo criminalizada y castigada por ejercer su derecho legítimo a la protesta. La experiencia histórica de Ecuador nos enseña que la represión es incompatible con la paz y la justicia. Por eso, ante un fenómeno que ya causa graves daños en el país, se requiere más que nunca una voz firme desde la cooperación internacional para evitar consecuencias aún peores. Desde APY insistimos en nuestra dedicación a los derechos humanos, la defensa de los pueblos originarios y campesinos, y la urgencia de una resolución que tenga como eje central la vida, la justicia, la democracia y la paz
No sólo es una cuestión climática, es una cuestión de justicia
El deterioro de la Amazonía no puede entenderse como un fenómeno natural o inevitable. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que priorizan el lucro sobre la vida.
La expansión de la frontera agroindustrial, la minería ilegal, el narcotráfico o los megaproyectos de infraestructura responden a una lógica extractivista que considera la selva como un recurso a explotar, no como un territorio vivo. Esta lógica está profundamente ligada a modelos coloniales y neoliberales que despojan a las comunidades locales de sus derechos y territorios.
Este modelo de desarrollo entra en conflicto directo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). También contradice el espíritu del Acuerdo de París, que exige mantener el aumento de temperatura por debajo de 1.5 °C. Sin una Amazonía funcional, este objetivo es inviable.
La transformación del bosque amazónico no es solo una consecuencia del cambio climático global, sino también del modelo de desarrollo extractivista. Esta interacción está alterando los ciclos de agua, energía y carbono, y amenaza con convertir la Amazonía en una fuente neta de emisiones, en lugar de un regulador climático. Para evitar el colapso, es urgente abordar ambos factores de forma conjunta, con políticas que reconozcan la interdependencia entre clima, territorio y justicia ambiental.
En este Día Internacional contra el Cambio Climático, la Amazonía nos recuerda que el cambio climático no es solo una cuestión de emisiones, sino de justicia. No se trata solo de salvar árboles, sino de defender territorios, culturas y formas de vida que han demostrado ser más sostenibles que el modelo dominante. La lucha por el clima es también una lucha por la soberanía, la equidad y la dignidad. Y en esa lucha, las comunidades indígenas no son víctimas: son protagonistas.
