El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista de Nayib Bukele «Nuevas Ideas», aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida.
Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele ha transformado el panorama político salvadoreño con una narrativa de modernización y lucha contra la corrupción. Sin embargo, su estilo de gobierno ha sido marcado por el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el uso del régimen de excepción para combatir pandillas, y la creciente concentración de poder. Bukele trajo consigo un nuevo estilo de gobernanza: vertical, personalizado y con fuerte presencia en redes sociales. Su discurso de “orden” y “eficiencia”, combinado con una narrativa de lucha contra las élites tradicionales, generó una alta popularidad que ha sido utilizada como argumento para consolidar y concentrar el poder.
Contexto histórico
Tras décadas marcadas por guerra civil, gobiernos autoritarios y transiciones democráticas frágiles, El Salvador había construido un marco constitucional que protegía la alternancia política como un mecanismo esencial para evitar el abuso de poder. La reelección presidencial inmediata estaba prohibida por la Constitución salvadoreña desde 1983, como salvaguarda democrática. En 2021, la Sala de lo Constitucional —reconfigurada por el oficialismo— reinterpretó el artículo 152 de la Constitución para permitir una segunda candidatura presidencial, abriendo la puerta a una segunda candidatura.Lo que entonces se presentó como una excepción democrática terminó siendo el preludio de una reforma mucho más amplia.
Así pues, el 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, sin deliberación pública y en una sola jornada, una reforma constitucional que modifica el período presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y permite la reelección presidencial indefinida. La decisión fue respaldada por una bancada leal al presidente Nayib Bukele, sin una consulta popular ni diálogo plural con otras fuerzas políticas. Este cambio representa un quiebre con el espíritu republicano que había regido la democracia salvadoreña desde 1983, donde la alternancia en el poder estaba garantizada por la prohibición explícita de la reelección inmediata.
El poder sin límites como nueva normalidad
El caso salvadoreño no es aislado. Como advierte La Gran Aldea, estamos ante un proceso de normalización regional del poder sin contrapesos, donde se desmantelan las garantías democráticas bajo el argumento de que “el pueblo lo pide” y “la soberanía lo permite”. Países como Venezuela, Nicaragua y Honduras han seguido rutas similares, donde la reforma constitucional se convierte en mecanismo para perpetuar gobiernos personalistas que, pese a su popularidad, vulneran derechos humanos como la participación libre, el acceso a la justicia y la libertad de expresión.
Diversos organismos internacionales han advertido que la reelección indefinida no solo representa un riesgo político, sino una vulneración directa de derechos humanos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-28/21, estableció que la reelección indefinida es contraria a los principios democráticos que protegen el pluralismo político y la competencia electoral justa. Adicionalmente, este tipo de transformaciones que acentúan la concentración de poder vienen acompañadas del debilitamiento del periodismo independiente, el exilio forzado de activistas, el uso desproporcionado del régimen de excepción y una creciente militarización de funciones civiles.
La democracia en retroceso
Esta reforma continúa el proceso antidemocrático que se está dando en el Salvador. Recordemos la llamada Ley de Agentes Externos, sobre la cual la COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO publicó un comunicado donde alertaba la criminalización que dicha ley acarrea.
Todo ello configura un escenario de autoritarismo, donde la aparente legalidad se convierte en herramienta de legitimación de prácticas regresivas y recortes en derechos humanos. Parece ser que El Salvador vive un momento en que la legitimidad se mide en índices de aprobación y eficacia gubernamental, no en el respeto a las reglas del juego democrático y a los Derechos Humanos.
La reforma constitucional de 2025 representa un retroceso democrático. Como concluye la Asociación Sevillana de ONGD «Para las organizaciones de cooperación internacional, esta deriva autoritaria no es un asunto ajeno. Amenaza directamente el espacio cívico, la libertad de asociación, la protección de los derechos humanos y la posibilidad de trabajar con comunidades vulnerables desde un enfoque de participación ciudadana y justicia social. La consolidación del autoritarismo no solo cierra puertas a la cooperación democrática, sino que socava las condiciones mismas del desarrollo humano sostenible.
