En la noche del 25 de abril, la comunidad Unión y Progreso, en la parroquia Enokanki del cantón Sacha, presenció otro desolador derrame de crudo. Esta vez, el origen de la contaminación se sitúa en el Bloque 60, operado por SEMEG, aunque la responsabilidad mayor del derrame recae sobre EP Petroecuador.
Hasta el momento, la UDAPT denuncia que la contaminación se extiende a aproximadamente 1000 metros, afectando parte de la flora y los animales de la zona, así como también las fuentes de consumo de agua potable. Los habitantes y moradores de la zona denuncian también afecciones a la salud derivadas de los nauseabundos olores que emanan del derrame.
No son accidentes, son síntomas de un sistema fallido.
Este nuevo derrame no es un hecho aislado, una desafortunada casualidad. Es la consecuencia directa de un modelo de desarrollo extractivista que prioriza las ganancias económicas por encima de la protección ambiental y el bienestar de las comunidades. La falta de garantías ambientales robustas, la laxitud en los controles y la impunidad ante los daños causados son los verdaderos culpables de estas catástrofes recurrentes.
La persistencia de los derrames en Ecuador es un grito de auxilio de la naturaleza y las comunidades. Para ilustrar la gravedad de esta situación, recordemos algunos de los derrames que han marcado la historia reciente de Ecuador:
- Mayo de 2024: «Entre mayo y agosto de 2024, los habitantes de las comunidades indígenas de la provincia de Orellana, Ecuador, denunciaron múltiples derrames en la explotación de la petrolera estatal Petroecuador.«
- Enero de 2022: «El viernes 28 de enero, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) —una de las dos tuberías que transportan petróleo en Ecuador— se volvió a romper y provocó un derrame que alcanzó los cauces de los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo, en el norte de la Amazonía del país.».
- Diciembre de 2021: « Un año después de que se iniciara el proceso de erosión regresiva que desapareció la cascada de San Rafael, el Estado ecuatoriano no ha logrado implementar un plan de remediación integral.».
Esta lista, aunque no exhaustiva, subraya la frecuencia con la que estos incidentes ocurren, desmintiendo la idea de que son eventos excepcionales. Son la amarga realidad de una industria que, en muchos casos, opera sin la debida diligencia ambiental.
La industria petrolera opera bajo un manto de permisividad que resulta inaceptable. Las promesas de desarrollo y progreso se desvanecen ante la realidad de la contaminación, la deforestación y las enfermedades. Es hora de que se rindan cuentas, de que se implementen regulaciones estrictas y se garantice su cumplimiento efectivo. No podemos seguir permitiendo que la codicia de unos pocos siga envenenando nuestro planeta y la vida de quienes lo habitan.
Salud, Justicia y Reparación: Un Llamado Urgente a la Acción
La destrucción del ecosistema clama por justicia ambiental, por la identificación y sanción de los responsables, y por la implementación de medidas restaurativas efectivas. La pérdida de medios de subsistencia y la degradación del entorno natural demandan una reparación integral que vaya más allá de medidas paliativas superficiales.
La desidia y la impunidad no deben tener cabida. En APY, nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT) en su búsqueda de justicia socioambiental. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña «SALUD, JUSTICIA Y REPARACIÓN«
Tu colaboración es fundamental para ayudar a la UDAPT y las comunidades afectadas puedan llevar a cabo las acciones médicas necesarias para tratar las consecuencias de la contaminación petrolera, una tarea que se dificulta enormemente por la fragilidad del sistema de salud y la compleja realidad de estas comunidades.
¿Cómo puedes colaborar?
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A continuación, unas imágenes del derrame tomadas de las redes sociales de la UDAPT
