En el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” reivindicamos el derecho a que todas las mujeres puedan vivir libres de todas las violencias machistas.
Desde APY Solidaridad en Acción – El Salvador hoy más que nunca alzamos la voz por todas las mujeres que se quedaron en el camino y no pueden alzar la suya. Hoy homenajeamos y reconocemos a todas las mujeres víctimas de violencia, a todas las defensoras de derechos humanos y a todas las luchas que se articulan en cada rincón del mundo. Y hoy más que nunca, reivindicamos “el derecho de defender derechos”.
El contexto actual en el que nos encontramos se articula por múltiples violencias que atraviesan los cuerpos e identidades de las mujeres y personas pertenecientes a la diversidad sexual en El Salvador. Según datos oficiales de la Fiscalía General en el Salvador, solo en el periodo de enero a julio de 2021 se reportaron 91 feminicidios, aumentando en un 33.96% comparado con el mismo período de 2020. En el caso de las mujeres trans, no podemos acercarnos a cifras reales que dimensionen la violencia a la que se enfrentan; la falta de datos oficiales se hace evidente y solo se disponen de aquellos proporcionados por las organizaciones de la sociedad civil. Según la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans tan solo 3 de aproximadamente 600 transfeminicidios ocurridos desde 1992 hasta enero 2021, han logrado ser judicializados. La cifra subió a tan solo 5 con las condenas por los asesinatos de dos personas en febrero del año pasado. Comprobamos que no hay iniciativas para implementar adecuadamente el protocolo de investigación de agravantes de delitos de odio.
El Salvador registra más de 24 casos diarios de violencia contra las mujeres. El Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) pone de manifiesto que de enero a mayo de 2021 seregistraron 3.619 casos de delitos de violencia contra las mujeres. El delito que más casos reporta después del delito de lesiones y golpes con 1.466, es el de violencia sexual con 1.231 denuncias, es decir 8 cada día, y afecta mayoritariamente a las niñas, adolescentes y mujeres. Los datos indican que al menos cada 4 horas se registra un hecho de violencia sexual y 9 de cada 10 víctimas son mujeres. Comprobamos que se trata de una violencia estructural ejercida por razones de género y fundamentada en la misoginia que sostiene el sistema patriarcal en nuestras sociedades.
El contexto actual que envuelve al Estado salvadoreño esclarece muchas otras violencias de la mano de las políticas gubernamentales enfocadas a la represión militarizada, que agudiza aún más la crisis crónica de inseguridad para las mujeres y niñas en los territorios del país. La militarización de la asamblea el 9 de febrero del 2020, la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional y del Fiscal General de la República además, socavan la independencia judicial y debilitan la rendición de cuentas en el Estado salvadoreño. A nivel presupuestario los recortes producidos en educación, salud y el debilitamiento de instituciones gubernamentales como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se hace notorios. La retirada del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) ha mermado la autonomía de las alcaldías para conducir sus proyectos territoriales y, en el caso de las mujeres, priorizar acciones en materia de equidad de género en su beneficio.
A lo anterior, se suma la persecución por parte del ejecutivo hacia la sociedad civil; muchas ONGD´s que trabajan en materia de derechos humanos enfrentan reiteradamente la deslegitimización y criminalización del trabajo que vienen realizando, las cuales vislumbran en un escenario próximo la aprobación de la “Ley de Agentes extranjeros” que está siendo debatida en la Asamblea Legislativa, que “prohíbe la injerencia extranjera” y exige que las personas naturales o jurídicas que reciban fondos o apoyo del exterior se inscriban como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación, además del establecimiento de un impuesto del 40 % en toda transacción, desembolso o transferencia que los “sujetos obligados” reciban desde el exterior, una cantidad desorbitada que dificultaría el accionar de las ONGD´s.
APY Solidaridad en Acción con casi 25 años de presencia en el país, viene articulando el trabajo con su socia la Colectiva Feminista de Desarrollo Local desde el año 2004 en el desarrollo de diferentes acciones para el abordaje y la erradicación de la violencia de género en El Salvador. A través de procesos de fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática con perspectiva de género, camina de la mano de La Colectiva para la construcción de alianzas estratégicas que promuevan el ejercicio de los derechos de todas las mujeres y la disminución de las desigualdades y Violencias basadas en Género (VBG) en las diferentes zonas del país.
APY junto con La Colectiva están desarrollando desde el 2019, dos proyectos estratégicos en diferentes territorios del país para contribuir al cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en el marco de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia” (LEIV).
El primero de ellos: “Fortalecimiento de organizaciones de mujeres, gobiernos locales y operadores de justicia para la protección de derechos de mujeres víctimas de VG”, financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) es ejecutado en 9 municipios del departamento de San Salvador. El proyecto está fortaleciendo a 16 organizaciones de mujeres de base en los territorios, incidiendo en la mejora de las capacidades de gobiernos locales y resolutores de justicia, fortaleciendo espacios de coordinación interinstitucional para dar respuesta a la violencia de género, así como el litigio estratégico de casos para desvelar las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En el marco del proyecto se está fortaleciendo al Centro de Atención Elda Ramos (CAER) creado por la Colectiva Feminista en 2010 en San Salvador, un centro especializado que brinda acompañamiento a mujeres que enfrentan todo tipo de violencias a través del seguimiento psicológico y la asesoría jurídica. Al inicio del proyecto, el centro brindaba una media de 250 atenciones de casos al año, actualmente y solo en el período comprendido de mayo a septiembre de 2021, se ha brindado un total de 135 atenciones legales y psicológicas. Además de las atenciones desarrolladas por las denominadas Brigadas psicológicas y legales quellegan a las mujeres víctimas de violencia con dificultades de movilidad, acercando sus servicios a los diferentes territorios. Hasta el momento las brigadas han llegado a brindar un total de 138 atenciones psicológicas y asesorías legales a las mujeres en sus comunidades.
De forma paralela, continua en funcionamiento la Línea de atención telefónica habilitada durante la pandemia COVID-19 por la Colectiva, otra vía para desarrollar atenciones especializadas a todas aquellas mujeres que lo soliciten.
A nivel institucional a través del proyecto se ha logrado el compromiso de 3 alcaldías para establecer 3 espacios de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia de género en las municipalidades de Santo Tomás, Guazapa y Tonacatepeque en el departamento de San Salvador.
En la actualidad se está llevando a cabo un proceso formativo con la Unidad de Género de la Escuela de Capacitación del Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, enfocado al fortalecimiento de capacidades con perspectiva de género a 100 operadores de justicia; jueces y juezas, colaboradores jurídicos y personal que atiende casos de violencia contra las mujeres, como la Fiscalía General de la Republica, la Procuraduría General o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El proyecto paralelo: “Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de mujeres, operadores de justicia y gobiernos locales para el cumplimiento efectivo del derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, en el occidente de El Salvador”, es financiado por la Agencia Andaluza de Cooperacion al Desarrollo (AACID) y también encamina sus esfuerzos al cumplimiento efectivo del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en el marco de la LEIV.
Dentro del marco del proyecto se está fortaleciendo al Centro de Atención Integral para Mujeres de Occidente (CAIMU), un servicio creado y gestionado por La Colectiva en conjunto con dos organizaciones del municipio de Santa Ana que brinda una atención integral a una media de 21 mujeres al mes. El CAIMU conmemoró recientemente su 9° aniversario atendiendo a mujeres que enfrentan violencia.
El proyecto integra una mirada interseccional y está fortaleciendo a 18 organizaciones de mujeres, juventudes y LGTBI. Está desarrollando la creación de una Red de Jóvenes Voceros y Voceras para la defensa del derecho a una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes, así como también está implementando diferentes procesos formativos con jóvenes organizados en forma de Diplomados en Prevención de Violencia de Género, Derechos Sexuales y Reproductivos y mecanismos del Sistema de Protección para adolescentes en diferentes municipios de occidente; como Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate.
Desde APY seguiremos incidiendo para lograr el compromiso y la responsabilidad de todas las instituciones con competencia en el abordaje de la violencia, para la superación de las desigualdades estructurales de género, el acceso de las mujeres a una justicia eficiente y eficaz y la eliminación de todas las violencias contra las mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.
Hoy más que nunca necesitamos seguir construyendo proyectos desde una mirada feminista interseccional, intergeneracional e interinstitucional, que contribuya a paliar las distintas formas de violencia a las que estamos expuestas. Seguir apostando por estrategias de prevención integral de la violencia y por la promoción de alternativas que logren que todas y cada una de las mujeres puedan vivir libres de violencias machistas.
