La propuesta fortalecerá la resiliencia de familias campesinas de ocho comunidades de Ancuabe mejorando su acceso a medios de vida para enfrentarse a los efectos socioeconómicos de la COVID. Para ello se aplicará un abordaje integral de la cadena de valor a través del desarrollo de tres componentes dependientes entre sí: la mejora de la seguridad alimentaria de las familias produciendo alimentos diversificados y de forma sostenible; la mejora de la gestión postcosecha y de la comercialización de los pequeños productores y el desarrollo de actividades de generación de ingresos y apoyo a grupos de ahorro y crédito rotativo para contribuir a mitigar el impacto de la inestabilidad de las rentas agrícolas permitiendo adquirir préstamos a interés bajo y disponer de fuentes económicas alternativas. La propuesta se destinará al menos a 20% de personas desplazadas provenientes de los distritos del norte de la provincia afectados por la violencia armada. Se promocionará un diálogo con las autoridades locales para concretar un compromiso que responda al derecho a tierra de las mujeres desplazadas.